Directora de Infocom: El Estado falla con el ingreso de los celulares a las cárceles
Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom. Esteban Monge/La República
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Un proyecto de ley pretende bloquear la señal celular en los centros penitenciarios, como medida preventiva para evitar las estafas telefónicas.

Sin embargo, en la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), consideran que esta medida sería ineficaz y que además afectaría a muchos usuarios fuera de los centros penales.

LA REPÚBLICA conversó con Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom, sobre el proyecto de ley y las posibles medidas para combatir esta conducta delictiva.

¿Qué proponen en Infocom para combatir llamadas ilícitas desde la cárcel?

Lo primero es dejar claro que los operadores se han puesto a disposición de las autoridades para colaborar con esta problemática. Consideramos que no es necesaria una ley para combatir estos delitos, ya que otros países lo han logrado con soluciones más integrales.

También haremos un taller con expertos internacionales para capacitar sobre el tema.

¿Cómo afecta el proyecto de ley actual a los operadores de telefonía?

El bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios no es una solución eficaz y siempre significa interferencias en el servicio para las comunidades aledañas. Esta es una problemática que ya se ha vivido en otros países porque al igual que aquí, los centros penitenciarios están muy cerca de las zonas urbanas.

Además tomemos en cuenta que el bloqueo de la señal también afecta a los funcionarios de los centros penitenciarios.

¿Qué desean que se modifique del proyecto?

No es que nos opongamos al proyecto, lo que queremos es que se contemplen mecanismos de colaboración con los operadores de telecomunicaciones, autoridades gubernamentales y proveedores de soluciones tecnológicas, como se ha hecho en otros países (Perú, Colombia y México son ejemplos).

¿Qué opina de que se hagan tantas llamadas desde los centros penales?

Es muy curioso, porque a pesar de que estos aparatos no pueden ingresar a los centros penitenciarios, siguen ingresando. El Estado no ha podido cumplir con la seguridad ciudadana en este tema.


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