Mitad de leyes establecen nuevas obligaciones desde 1991 sin contenido presupuestario

Diputados en las nubes: aprueban obligaciones sin dinero

Práctica agrava deuda, al obligar al Gobierno a financiar con préstamos

Todos perdemos, cada vez que se aprueba una nueva ley sin contenido económico.
De hecho, existe una iniciativa para minimizar esta tendencia.

Sin embargo, aprobar nuevos gastos sin prever el origen del dinero ha sido el pecado de los diputados de las últimas administraciones.
Obligar al Estado a hacer más cosas sin darle más dinero, nos perjudica a todos.
Primero, provoca una mayor deuda del Gobierno.
En este momento, casi la mitad del gasto es financiado de esta manera.
Tampoco sería buena la calidad de varios servicios, dada una limitada capacidad de inversión.
Es el caso de la obligación para cumplir con la ley 7600 para acercar la ciudad a las personas con discapacidad.
Si bien el mandato existe, se cumple a medias porque los recursos asignados son insuficientes para hacer bien las cosas.
Además, desprestigia a la propia clase política, por proponer proyectos sin decir el origen del dinero, y correr el riesgo de incumplimiento.
Ante esos peligros, algunos legisladores pretenden frenar esta práctica, incluida Paulina Ramírez del PLN, que ya presentó un proyecto cuyo objetivo es obligar a sus compañeros a que incluyan en toda nueva ley los fondos para su implementación.
“Por falta de presupuesto, muchas leyes obligan a los jerarcas a tomar dinero de otros planes importantes, por lo que a final de cuentas, se crean más competencias con menos recursos”, dijo Ramírez.
El proyecto apenas está iniciando el camino, y no tiene adversarios que desde ya se animen a hablar en su contra.
Mientras tanto, la mitad de nuevas leyes desde 1991 carece de contenido presupuestario.
En lo que al periodo 2012-2013 se refiere, los diputados aprobaron 30 nuevas leyes cometiendo ese error.
Para el incremento del 6% al 8% del valor de la producción nacional para la educación, los legisladores reformaron la Constitución Política a un costo anual de unos $1 mil millones.
Sin embargo, a la fecha solo se presupuesta un 7% para la educación.
Por esa razón, al menos unos $500 millones que estaban destinados a otras tareas que van desde la infraestructura hasta la salud y la seguridad, no recibieron la totalidad de esos recursos.
“Cuando se aprueban leyes sin contenido presupuestario se generan expectativas a la ciudadanía y al final, el Estado incumple porque materialmente no tiene los recursos o simplemente porque es incapaz”, indicó Stefan Gómez, investigador del Estado de la Nación.
En el caso de la ley 7600 para las personas con discapacidad, las instituciones públicas ignoran el mandato de hacer accesibles sus instalaciones.
“Estamos preocupados, pues es evidente un incumplimiento de los plazos establecidos”, dijo Ofelia Taitelbaum, defensora de los habitantes.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR