Destitución de Celso Gamboa podría durar hasta un año
“Lo mejor para Gamboa es que renunciara, ya que su situación se agrava con cada hora que pasa y le hace un daño a la institucionalidad del país”, dijo Patricia Mora, diputada del Frente Amplio. Gerson Vargas/La República
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La eventual destitución o no de Celso Gamboa como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, podría tardar hasta un año en resolverse.


Así se establece en el artículo 211 de La Ley Orgánica del Poder Judicial, que define el debido procedimiento para la investigación y posible sanción del funcionario judicial.

No obstante, esto no quiere decir que se vaya a agotar todo el plazo, ya que eso depende de como se vaya desenvolviendo el proceso.


Orlando Aguirre, quien es el magistrado instructor de la investigación, tiene dos meses como máximo para reunir todas las pruebas sobre el caso.


A partir de ahí, iniciaría un proceso largo y sinuoso a lo interno del Poder Judicial, que incluye audiencias, recursos y apelaciones ante el Tribunal de la Inspección.


Incluso, podría darse el caso de que este último anule todo lo actuado, si detecta un fallo en el procedimiento.


En todo caso, una vez que Aguirre rinda su informe, le corresponde a la Corte Plena definir en votación secreta si aplica alguna sanción a Gamboa.


Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de los magistrados, mientras que las suspensiones o revocatorias de nombramiento deberán reunir dos tercios del total de sus miembros.


No obstante, el proceso no termina ahí.


Ante la eventualidad de que los magistrados decidan separar a Gamboa, se trasladará esa decisión a la Asamblea Legislativa, la cual deberá nombrar una comisión especial para analizar el caso, rendir un informe, darle un descargo a Gamboa y finalmente, lograr el voto de 38 diputados para revocar el nombramiento.


En ese sentido, los diputados de varios partidos indicaron ayer a LA REPÚBLICA que hay que seguir el debido proceso y no suplantar las funciones del Poder Judicial.


“Hay que esperar a que concluya la investigación en la Corte y a partir de ese momento, tomar las decisiones en la Asamblea Legislativa. No podemos entrometernos en las funciones de ese poder de la República. Lo que sí esperamos, es que la decisión de los magistrados sea coincidente con las conclusiones de la comisión investigadora del Congreso”, dijo Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional.


La posibilidad de que el proceso contra Gamboa se extienda por un año, es algo que no es del agrado de los legisladores.


Esto porque podría quedar la sensación en la ciudadanía de que los actos supuestamente anómalos en la función pública no se resuelven con la celeridad necesaria.


“Gamboa nos ha llevado a una situación límite y sinceramente, no veo que tenga alguna posibilidad de no ser destituido, pero no podemos actuar aún sin respetar el debido proceso. Lo mejor es que él renunciara, ya que su situación se agrava cada hora que pasa y le hace un daño a la institucionalidad del país”, dijo Patricia Mora, legisladora por el Frente Amplio.


La causa disciplinaria contra Gamboa fue abierta el 18 de setiembre, cuando la Corte Plena decidió separarlo del cargo por tres meses, tras darse a conocer que el magistrado coincidió con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños, en un viaje de 36 horas a Panamá en 2016.


La decisión de los magistrados para investigar a su homólogo, surgió luego de que a principios de este año, y a solicitud de la Fiscalía General, Gamboa votó la desestimación de una causa judicial por supuesto tráfico de influencias contra Bolaños y los diputados Otto Guevara y Víctor Morales, del Movimiento Libertario y excongresista del PAC, respectivamente.


La causa estaba relacionada con una reforma que aprobó el MEIC para permitir la importación de cemento de otros países y el otorgamiento de un préstamo en el BCR a la empresa Sinocem, de Bolaños, para traer esa materia prima desde China.


Por estos hechos, la Asamblea Legislativa también inició una investigación política, que sugiere una supuesta red de tráfico de influencias en el Congreso, la Casa Presidencial y la Corte, para favorecer al importador cementero.


Mientras tanto, Gamboa ha negado cualquier participación en la supuesta red, y asevera que su viaje a Panamá fue para comprar ropa de bebé.


“No me voy a quedar callado ante aseveraciones que pretenden hacerme ver como figura central del cementazo, ¿qué buscan, es claro que mi cabeza? ¿Cómo defenderse de estas infamias? Ya no se puede caer más bajo. Hay intereses concretos en que abandone el cargo”, dijo Gamboa.

 

Cadena de eventos

A mediados de setiembre, Celso Gamboa, magistrado de la Sala III, fue relacionado con el caso del cemento chino.

13 de noviembre
La Corte abre dos procesos adicionales contra Gamboa. El primero de ellos, es para investigar una denuncia sobre una supuesta conducta impropia en un aeropuerto en México, mientras que el segundo por haber desestimado una causa contra un político cuando era subjefe del Ministerio Público.

10 de noviembre
David Patey, presidente del Herediano, confirmó en una audiencia en el Congreso, que Bolaños le pidió ayuda para conseguir un préstamo a favor de Gamboa, quien supuestamente tendría intenciones presidenciales en 2022

24 de octubre
Rodrigo Rivera, exembajador de Costa Rica en Panamá, dio a conocer que Gamboa y Bolaños departieron juntos en la nación vecina

19 octubre
La Fiscalía confirmó que abrió una investigación penal contra el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, por abuso de autoridad y tráfico de influencias

19 de octubre
Gamboa es separado del cargo por tres meses

18 de octubre
Tiquetes a Panamá de Gamboa y Bolaños se compraron con la misma tarjeta de crédito

11 de setiembre
Se da a conocer que el magistrado Gamboa viajó a Panamá, junto al empresario Bolaños. El funcionario público indicó que era coincidencia, ya que él andaba comprando ropa de bebé

Fuente Corte

 

 

 

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