Desigualdad en el trato a ciertos extranjeros

Volando Guayabazos

Cada vez las actuaciones de este gobierno contra la empresa privada y lo que pareciera ser su afán de dividir para vencer se vuelven más evidentes. Visto desde los motivos y beneficios, impedir la entrada a extranjeros de Estados Unidos y de Europa pero permitiendo la entrada de extranjeros de Nicaragua y Haití, no lleva sino a pensar que se busca por todos los medios afectar la economía, permitiendo el ingreso de ciertos extranjeros y no permitiendo a otros ingresar al país, imponiendo requisitos exagerados y abusivos. Una persona con un mínimo de inteligencia no podría pensar de otra manera, porque si se tratara de un asunto de resguardarnos de la pandemia, que las reglas se aplicarían por igual a todos y que si no es así, es porque quienes toman las decisiones en realidad no buscan proteger a los intereses públicos sino a cualquier otra cosa menos eso.

El gobierno tiene razón en buscar cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y dar tratamiento a los afectados por la gripe china provenientes de Nicaragua. Sin embargo, una cosa es dar tratamiento y otra anteponer ese tratamiento por encima de los extranjeros y nacionales legales en el país. Todavía más importante es recordar que, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, a excepción de los derechos políticos. Esto no solo aplica para nicaragüenses o haitianos sino para todos los extranjeros, incluyendo estadounidenses y europeos.

El Poder Ejecutivo ha demostrado matonismo contra nacionales, como cuando desplegó decenas de efectivos en Escazú, porque el alcalde decidió que la policía municipal de ese cantón no reforzara la restricción vehicular, en tanto no se aplica el mismo rigor para otros asuntos, como detener el flujo de inmigrantes ilegales provenientes de Nicaragua pero sí impedir el ingreso de europeos y estadounidenses residentes legalmente en el país.

El hecho de no estar al día con la Caja, institución la cual, dicho sea de paso, es una de las menos solidarias de todas con nacionales y extranjeros que no sean afines a lo que da la impresión de ser intereses politiqueros del gobierno y del PAC, dejan en claro que estas situaciones indudablemente afectan nuestra imagen internacional y muy probablemente tengan como efecto la merma en turistas, a sabiendas de que se les puede impedir su entrada a Costa Rica por cosas tan burdas como no estar al día con la seguridad social de una institución ineficiente.

Como observador y abogado en Derecho administrativo, es cosa de todos los días ser contactado por personas que han sufrido algún tipo de mal praxis por médicos de la Caja, o de nacionales que no son atendidos y, si lo son, les pasan facturas casi con el mismo coste que si hubiesen ido a un médico privado. No pareciera ser que fuera lo visualizado por el Dr. Calderón Guardia cuando propuso la creación de una caja costarricense de seguro social.

Igualmente, urge que la Asamblea Legislativa revise la manera mediante la cual la Caja fija las cuotas obrero-patronales, porque ya hemos podido ver que el dinero se invierte en periódicos y negocios de esos periódicos, pero no en la seguridad social, entonces, no tiene sentido que los asegurados mantengan las malas decisiones de negocios de grupos que no benefician en nada al país.

Los extranjeros pensionados, de otra parte, sí vienen a contribuir al desarrollo del país. Si bien, en muchas ocasiones no pagan la Caja, pagan médicos privados, porque conocen lo deficiente que es la institución. Si la Caja desea dinero, debe demostrar que lo usa para cuidar a los asegurados y no para invertirlo en cualquier otra cosa menos en educación o promover intereses ajenos a los públicos, como las múltiples contrataciones administrativas irregulares sobre las cuales se ha hablado en el pasado.

La ley debe aplicarse de manera pareja. Así como se le impide el ingreso a extranjeros europeos y estadounidenses por no estar al día con la seguridad social, así debe impedirse a otros extranjeros que ni siquiera tienen sus papeles al día, el ingreso a Costa Rica. Además, los afectados, deben tomar acciones legales contra los tomadores de esas decisiones y perseguirlos al máximo de la ley, pues para que fuera justa la medida, debieron haber aplicado la ley por parejo, no solo a unos.

El artículo 33 de la Constitución Política establece que todos somos iguales ante la ley y no podrá aplicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Independientemente de las ideologías de los funcionarios tomadores de estas decisiones, deben recordar que son simples depositarios de ley y deben aplicarla a todos por igual, de lo contrario, para eso está el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública que contempla la responsabilidad subjetiva para aquellos funcionarios que actúen con dolo o culpa grave, lo cual pueden llevar a cabo demandando al Estado y a los funcionarios ante los tribunales contenciosos-administrativos.