Deficiente investigación dejaría impune asesinato de turista mexicana

Una deficiente investigación por parte del Organismo Investigación Judicial (OIJ), así como una mala gestión de la fiscalía, dejarían impune el asesinato de la turista mexicana María Trinidad Mathus de 25 años.

El Ministerio Público apelaría la sentencia que dejó en libertad al presunto asesino por duda o “In dubio pro reo” , sin embargo, surgen dudas sobre la capacidad de las autoridades judiciales para condenar a los presuntos asesinos.

La preocupación sobre la labor de las autoridades, surge en momentos en que el país se encuentra consternado por una seguidilla de femicidios que incluyen las muertes de la estudiante Allison Bonilla y de la doctora María Luisa Cedeño.

Y es que desde el 11 de agosto, cuando los jueces Pilar Quesada, César Palma y Sandra Arrieta, dejaron en libertad a un hombre de apellido Sancho, se cuestionó el actuar del Ministerio Público y el OIJ.

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“Los jueces básicamente le dijeron a la fiscala que llevó el cabo que no hizo una buena imputación de cargos en contra de la persona que presuntamente mató a esta muchacha mexicana; además, una de las juezas, señaló que hubo una pésima investigación por parte del OIJ, en relación con la prueba indiciaria”, dijo Joseph Rivera, abogado penalista y criminólogo.

María Trinidad Mathus de 25 años, fue asesinada el 5 de agosto del 2018 en Santa Teresa de Cóbano. Cortesía/La República

La prueba indiciaria, podría ser un testigo, o una persona involucrada en los hechos, que brinde declaración.

En ese sentido, a la acompañante de Mathus, que también fue asaltada por los antisociales y logró escapar, no se le hizo el anticipo jurisdiccional de prueba.

“A la muchacha que escapó no se le tomó la declaración anticipada, para que no se olvidaran elementos que se pueden borrar con el tiempo, ya que con el pasar de días o semanas, se pueden perder ciertas características de los acusados, o ciertos detalles que pueden ser fundamentales. Esto debió hacerse de manera inmediata. No sabemos cómo fue el trabajo del OIJ horas después de que se encontró el cuerpo de la fallecida, pero según se interpreta de lo dicho por la jueza, se falló en el ABC de la investigación”, agregó el abogado Rivera.

El caso

Los hechos ocurrieron el 5 de agosto del 2018 en Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas, cuando Mathus y otra mujer -de origen británico – caminaban por la playa.

La acusación de la fiscalía señala que Sancho -el presunto homicida y que quedó libre por duda-, interceptó a las mujeres en compañía de Joel Hernán Esquivel Cerdas.

Con puñal en mano las habrían amenazado para asaltarlas, la mujer británica logró huir, quedando Mathus, supuestamente con Sancho, quien de acuerdo con la tesis de la fiscalía, la habría metido al mar para ahogarla y después llevarse su teléfono celular.

En cuanto a Esquivel -el otro acusado-, se sometió a un proceso abreviado en octubre del año pasado, aceptó los hechos y sin la necesidad de ir a juicio recibió una condena de 15 años.

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De momento, la fiscalía prefiere no referirse al caso ante las preguntas de LA REPÚBLICA, aunque sí confirmó que estudia la posibilidad de apelar la sentencia en primera instancia.

Un juzgado podría desechar la absolutoria favorable para el presunto asesino y ordenar un nuevo juicio, o bien, rechazar la petición de la fiscalía y dejar en libertad a Sancho.

“Lo que podemos indicar en cuanto a sus consultas, es que el Ministerio Público trabajó con el OIJ en la investigación y presentó una acusación basada en pruebas que, a nuestro criterio, acreditaban la participación del imputado. Incluso, otros jueces, del Juzgado Penal de Cóbano, avalaron la acusación y consideraron que el caso debía ser conocido en juicio”, dijo la fiscalía.

Exceso de trabajo

Es complicado saber las razones por las cuales las autoridades judiciales habrían realizado una labor deficiente en el caso, a criterio del abogado penalista.

Sin embargo, él cree que en muchos casos los investigadores del OIJ y del Ministerio Público tienen una sobrecarga de trabajo.

En ese sentido, la consecuencia lógica es que se den fallos, que en estos casos, podrían resultar en completa impunidad.

“En el personal del OIJ y Ministerio Público se podrían estar presentando problemas de depresión, problemas de salud mental y desmotivación y todo ello, derivado de extensas jornadas de trabajo que tienen como consecuencia una mala praxis”, dijo Rivera.

Se trató de obtener una opinión del OIJ, pero no respondieron a las preguntas del diario.

Ni una menos

Los femicidios se ha convertido en un problema nacional.

Para el 24 de agosto, el Instituto Nacional de las mujeres contabilizaba 44 muertes violentas de féminas, lo que demuestra que vivimos en una sociedad que castiga a las mujeres por todo, de acuerdo con Patricia Mora, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

“Vamos por la mitad del 2020 y ya contabilizamos 44 muertes violentas de mujeres. Las causas de estas muertes son diversas y cada caso tiene sus particularidades. Pero más allá del número, cada una de esas muertes tiene el rostro de una mujer cuya vida y aspiraciones fueron cortadas. Vivimos en una sociedad donde a las mujeres aún nos castigan por decir no, por decir sí, por quedarnos en casa y por salir de ella, por caminar en la vía pública demasiado tarde o demasiado temprano. Por pensarnos libres nos matan”, dijo Mora.

A mediados de agosto, las mujeres de Cóbano exigieron justicia por el brutal crimen de Mathus, al tiempo que expresaron su miedo y preocupación por la impunidad que se dio en el caso.

La respuesta

La violencia contra las mujeres no ha pasado desapercibida y es por ello, que el Congreso estudia varios proyectos para ampliar el concepto del femicidio y con ello, aumentar las penas contra los agresores.

Al menos hay tres propuestas presentadas por María Inés de la Unidad, Paola Vega del PAC y Floria Segreda de Restauración Nacional.

Las iniciativas van desde aumentar las penas, hasta considerar todo homicidio de una mujer como femicidio.

En todos los casos se pretenden condenas aleccionadoras.

El último de los proyectos es del Vega y propone establecer la figura de femicidio ampliado.

La propuesta agrega al Código Penal este nuevo delito, que impondrá pena de prisión de 14 a 20 años a quien dé muerte a una mujer cuando medie violencia de género.

El femicidio ampliado debe aplicarse en los casos que el crimen fue cometido por un atacante sexual, cliente sexual, amante, hermano, hijo, padre, concuño, ex concuño, yerno, ex yerno, hijastro, nieto, padrastro, primo, tío, secuestrador, conocido cercano o por alguien con la que no se tiene ninguna relación, según Vega.

“Lamentablemente, nuestro marco legal entiende femicidio de forma estrecha. Solo se consideran los casos en que las víctimas mantuvieron alguna forma de relación con el victimario. Esto es muy limitado y no contempla las situaciones en que medie violencia de género y el agresor sea un familiar, alguien de la comunidad, o incluso un completo desconocido” explicó Vega.

Aumentar la pena carcelaria para los hombres que asesinen a una mujer, es lo que propone Segreda.

La idea es castigar con 50 años de cárcel, a quien cometa un homicidio de esta categoría.

“El femicidio puede ser considerado un crimen de odio, ya que es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Un femicidio suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia contra las mujeres, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja o expareja”, dijo Segreda.