Defensoría acude a Sala Constitucional para que se establezcan controles a la DIS
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La Defensora de los Habitantes presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General de Policía, en los que se sustenta la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

En criterio de la Defensoría, estos artículos no definen claramente el mandato y el rango de acción de la DIS, y ponen en riesgo la legalidad y la división de poderes.

Además abre la posibilidad de que interfiera en investigaciones confiadas al Poder Judicial.

Pese a que la limitación en temas de seguridad nacional se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 32522, no se define la seguridad nacional.

La carencia “deviene en incertidumbre e inseguridad jurídica, así como eventuales abusos respecto de las labores que puede o no ejecutar la DIS”, dice la Defensoría.

Además en la acción presentada a la Sala Constitucional, la institución menciona alega que la DIS se ha extralimitado en sus funciones a propósito de ese marco regulatorio tan amplio que establece la legislación.

“Por ejemplo, la intervención de dicho órgano en labores de detección de una presuntas conexiones ilegales de agua, intervenciones dentro de territorios indígenas, o el liderazgo en atención de emergencias como la acontecida a propósito del paso del huracán Otto, atribuciones que en todo caso deben recaer en otras instituciones con competencia directa para ello, y no en un órgano al cual el legislador le atribuyó carácter meramente informativo y vinculado con temas de seguridad nacional”, se lee en el documento presentado por la Defensoría.


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