Debido Proceso

Debido Proceso

Ultimamente he notado una tendencia perniciosa en la prensa y los medios sociales respecto del trabajo que realizan mis colegas penalistas. Quizás por desconocimiento, pero especialmente preocupante en el caso de los medios de comunicación, no se vale tergiversar el trabajo desplegado por estos profesionales del derecho.
No soy penalista por decisión. Pero mi madre lo fue de forma muy capaz, si me permite el orgullo de hijo desde una de las trincheras más sacrificadas: La Defensa Pública. Por ella y por su oficina, conocí, entendí y valoré el trabajo que realizan quienes ejercen el derecho penal y su imperdible contribución al Estado social de derecho que nos rige.
No obstante, en medios sociales y a propósito de un buen amigo, la noticia de que un “abogado de delincuentes” había viajado en compañía de magistrados de la Corte Suprema de Justicia constituyó una afrenta al sistema en los tuits y publicaciones en Facebook.
Como traté de discutir con uno de ellos, quien se limitó a republicar la velada acusación hecha por otro colega, el ser penalista conlleva, en la eventualidad de que un juez o tribunal le encuentre a su cliente como actor responsable de la imputación hecha por el Ministerio Público, ser también abogado de alguien que deriva en delincuente según su definición etimológica.
Entonces, por más peyorativa que pretenda ser la calificación, resulta inherente a la función desplegada por el abogado. Misma que corresponde de forma cabal, a la balanza de pesos y contrapesos con que se ilustra a la diosa iustitia.
Sin embargo, esa no es la lectura que puede tener alguien que se queda con el vínculo entre un “abogado de delincuentes”, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un viaje fuera del país. La insidia, no la duda, tiene al menos a veces condición de delito.
Otro caso relacionado fue el del periódico que hoy se debe al sensacionalismo y que, en función de la etapa de conclusiones a que procesalmente tienen derecho y obligación las partes en un debate penal, acusó a la defensa de los acusados en el proceso “ICE-Alcatel”, de recurrir a subterfugios técnicos.
Si así lo hicieron los abogados defensores bien por ellos. Su obligación es cumplir con una defensa técnica que evidencie las violaciones al proceso cometidas por su contraparte, el Ministerio Público, en aras que no se nos olvide de salvaguardar el debido proceso que rige esta materia.
Su trabajo tiene tanta validez por el fondo como por la forma y, en contraposición, también el de la Fiscalía que debe velar por apegarse a la ley y presentar una acusación debidamente fundamentada y adscrita a lo que señala el Código Procesal Penal y no kafkiana, en directa violación del más sagrado de los derechos: el de defensa.
Ha iniciado el relevo de la anterior y escandalosa dirección del Ministerio Público en quien fuera su Fiscal General y salió de Guatepeor para ir a Guatemala. Curiosamente, el mismo medio de comunicación que le coreaba y hacía de eco, ha vilipendiado al nuevo Fiscal General por una supuesta llamada recibida, sin que finalicen los procesos internos que llevan adelante y por el mismo asunto el Poder Judicial y el Legislativo ni se tengan resultados al efecto.
La falta de noticias es fatal para el empresariado que se dedica a ello. Mucho peor es perder la objetividad, la investigación, el aprender y entender, para reportar o tuitear sin sesgo. Faltar a esas obligaciones debería ser también, causa imputable y perseguible por un Ministerio Público revalidado no por fotos y titulares sino por su función y propósito en el sistema. Así sea.

Pedro Oller