Los libertarios como Natalia Díaz proponen reducir la carga impositiva, ya que nuevos tributos afectarían a las empresas. Archivo/La República
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El debate sobre nuevos impuestos cayó en un atolladero electoral, sin importar que al presidente Luis Guillermo Solís le quede más de un año en la oficina.

En estos momentos, la posibilidad de aprobar el IVA y los cambios a la renta es prácticamente nula.

Esto, porque los precandidatos de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Movimiento Libertario se oponen a los nuevos gravámenes, o bien, exigen condiciones casi imposibles de cumplir.

La única alternativa la representarían los oficialistas Carlos Alvarado y Wélmer Ramos, que pretenden continuar con el camino que ha señalado el mandatario Solís en materia impositiva, a pesar del costo político.

Mientras tanto, el resto de pretendientes a Zapote, no se arriesgaría a impulsar nuevos tributos en un año electoral, ya que sería una mala movida para ganar votos en las convenciones internas y la elección nacional, aunque ninguno cuestiona la necesidad de resolver el déficit.

Sería irremediable para el nuevo gobierno enfrentar un elevado déficit fiscal al inicio de la administración, además de una presión extra de las calificadoras de riesgo, un alza en las tasas de interés y un mayor desempleo, entre otras consecuencias.

En el caso de los liberacionistas Antonio Álvarez y José María Figueres, no habría respaldo para nuevos tributos, mientras no se apruebe una ley de empleo público para limitar los pluses salariales y la economía no crezca a un ritmo del 8% anual, respectivamente.

“Hay que revisar los impuestos sin duda alguna, pero esto no puede avanzar si antes no entramos a ver los pluses salariales del sector público, además de aprobar ciertas reglas fiscales, para evitar que se vuelva a presentar una situación como esta”, dijo Álvarez.

Por su parte en el PUSC y el Libertario las posiciones se endurecen aún más, ya que el rojiazul Rodolfo Piza considera que no son necesarios nuevos impuestos si se controla el gasto y dinamizaría la economía a través de mayor inversión e infraestructura.

Mientras tanto, los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz, tienen en su ADN político un rechazo abierto a cualquier nuevo gravamen por consideraciones ideológicas y prácticas.

“Nosotros abogamos por reducir los impuestos y no por aprobar una mayor carga o nuevos tributos. Pensamos que un proyecto como el que quiere el Gobierno, desincentiva a las empresas y afecta la generación de empleo”, agregó Díaz.

El otro rojiazul Rafael Ortiz no quiere validar el IVA al considerarlo el impuesto más regresivo, y los aspirantes del Frente Amplio quieren aprobar primero los cambios a la renta, los cuales, afectarían a las empresas y eso sería inviable en un año preelectoral.

El déficit financiero alcanzaría el equivalente al 5,9% y el 6% de la producción nacional en 2017 y 2018, de acuerdo con el programa macroeconómico del Banco Central, en el que no contempló una eventual aprobación de proyectos de ajuste tributario.

Bajo esa premisa, este año presenta por el momento, claras presiones para un alza en las tasas de interés, estrujamiento del crédito, incremento en la percepción del riesgo país, menores ingresos de capital por inversión extranjera directa y presiones alcistas en inflación, indica el plan.

Esas condiciones tendrían efectos directos y negativos sobre los flujos de inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo y, en general, sobre el bienestar de la sociedad costarricense.

Nuevo intento

La administración Solís solicitó un impuesto al valor agregado del 15% que no contó con el aval de los diputados; por eso, disminuyó su pretensión a un 13%. También propuso algunos cambios en renta.

Ley del Impuesto al Valor agregado (IVA)
• Ampliar la base de cobro de impuestos a los servicios, manteniendo un 13%, y con una devolución a los primeros tres deciles de la población de menores ingresos.
• En salud y educación propusieron un impuesto del 4%.

Ley de Impuesto sobre la Renta
• Se incluye una tarifa del 12% a las ganancias de capital, el proyecto original solicitaba un 15%.

Fuente Ministerio de Hacienda

Grave problema

Un elevado déficit fiscal se traduce en un mayor endeudamiento del Gobierno, menos inversión y la restricción al surgimiento de nuevos empleos (cifras en porcentaje del PIB).

Año   Déficit
2016   5,7
2015   5,9
2014   5,9
2013   5,4
2012   4,4
2011   4,1
Fuente Ministerio de Hacienda

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