Shirley Saborío

Shirley Saborío

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Jueves 10 Agosto, 2017

¿Crisis económica o crisis de confianza?

La semana pasada el señor Presidente de la República sorprendió al país con un mensaje en el que nos anunciaba que atravesamos por una crisis de liquidez, que impedirá que el Estado honre algunos de las principales obligaciones en los próximos meses.

Quienes tenemos años de estar en estos temas, sabemos que el tema del déficit fiscal, y los mecanismos de financiamiento han estado en discusión por muchos años, con muchos diferentes gobiernos, y sin embargo ninguna reforma integral ha sido aprobada en el Congreso.
Quienes hemos participado, de una u otra forma en las discusiones, sabemos que el común denominador en todos los intentos fallidos es una enorme crisis de confianza, de credibilidad sobre las verdaderas intenciones de los otros actores, en particular si se levanta la bandera del interés general.

Acá lo que se debe entender es que el efecto de un mayor déficit fiscal, de una desestabilización, no distingue entre los que tomaron decisiones y los que no; no distingue entre sectores, ni colores. Debemos entender que mayores tasas de interés, mayor inflación; o menor producción y más desempleo, siempre serán efectos que nadie quiere.

Debemos entender que la confianza se gana, no se compra. Y ganar confianza significa ser consecuente en el tiempo, ser consistente entre el dicho y el hecho, y ser pragmáticos y valientes para tomar decisiones que aunque duelan hoy, son beneficiosas para el resto de los días. Pero también significa que todos debemos “mojarnos”; es decir, que todos debemos hacer aportes para la sostenibilidad de las finanzas, tanto del lado de los gastos como de los ingresos porque todos estamos en el barco.

Es claro que Costa Rica pasa por una crisis, pero de confianza. Entre los actores políticos (en general pero ahora más pues estamos en año electoral), de liderazgo porque falta quien (o quienes) de forma valiente inicie la cruzada de las soluciones de largo plazo, y de representatividad en muchos otros sectores.

Uno de los 11 temas acordados en el Acuerdo Nacional es la conformación de Consejo Económico y Social; y este es una gran oportunidad para convocar a los sectores para construir un acuerdo que garantice la estabilidad fiscal en el largo plazo.
Hace más de dos décadas, el Primer Ministro Irlandés los convocó en medio de una crisis y con un déficit que rondaba el 8% del PIB. Acordaron sentarse a la mesa con tres condiciones; se sentarían los que ostenten las mayores representaciones que hagan sostenibles los acuerdos, que nadie que estuviera sentado a la mesa pretendería que las medidas no los iban a afectar, y que se iba a mantener el acuerdo en el tiempo.

El resultado es claro. El Ingreso Nacional per cápita pasó de $2.540 en 1973 a más de $52 mil en 2015, lo que hizo que el promedio de ingresos personales en Irlanda pasara de estar un 40% debajo del promedio europeo en 1973, al 36% por encima de la media europea a inicios de la primera década del siglo XXI. El desempleo disminuyó un 4% y la pobreza absoluta cayó un 5%.

Lo que causó el “milagro celta” fue un “acuerdo social” entre sectores de apostar por la apertura económica, la eliminación de obstáculos a la creación de nuevas empresas, la desregulación de la industria de telecomunicaciones, un blanqueo de capitales (por una amnistía general y temporal para los evasores de impuestos), recortes de impuestos individuales y corporativos, una fuerte inversión en educación y el hecho de que los gobiernos siguientes del país hubieran mantenido el rumbo pese a lo sufrido inicialmente.

El Gobierno se comprometió a reducir los impuestos a los empresarios, estos a mantener los empleos de sus compañías y los trabajadores a exigir menores aumentos salariales. Todo por el bien futuro del país que mejoraría la vida de todos.

Luego se apostó por un modelo que estimulara a los emprendedores. Además de la amnistía general y por seis meses para los evasores de impuestos, lo cual le reportó al Estado unos $750 millones, cuando inicialmente los economistas gubernamentales esperaban recaudar unos $45 millones.

Esta experiencia demostró que las limitaciones no son económicas, sino mentales y políticas. Al igual que Irlanda en el pasado, Costa Rica debiera verse al espejo, y entender que es urgente pensar en medidas de largo plazo, que dinamicen la economía, que se promueva la formalidad) no solo persiguiendo al informal sino creando oportunidades a través de menores costos), que se generen nuevos empleos y que dejemos de lado los intereses particulares y el cortoplacismo, para apostar por el interés general y el largo plazo. Es fundamental construir este acuerdo, entendiendo todos, que quienes administran los recursos públicos tienen la enorme responsabilidad de hacer bien las cosas y cuya efectividad será medida con indicadores de gestión y que se flexibilice el Servicio Civil; que quienes pagan tributos (hoy existen más de 100 tipos de impuestos y existen muchas otras iniciativas legislativas con impuestos específicos) sepan que serán retribuidos con buenos servicios y que quienes estén en el poder de turno, no caigan en la tentación de crear programas que promuevan el clientelismo político; y para ello, los sectores (los permanentes) deberán ser garantes y consecuentes.

Finalmente, un país como Costa Rica donde la inversión extranjera es tan importante, y cuya riqueza depende de la actividad productiva que es la que genera ocho de cada diez empleos en el país; no puede ni debe permitirse enviar mensajes al mundo que lejos de ayudar, lastiman la ya de por sí alicaída confianza; si no que lo digan las calificadoras de riesgo, los inversionistas nacionales o extranjeros, y los compradores de deuda. Es momento de construir acuerdos y ser consecuentes, no de abrir la puerta de salida a los posibles inversionistas. Porque la experiencia nos dice que la mejor reforma fiscal es una economía que crece en forma sostenida por encima del 8% y esto, no lo logra ningún sector solo, se requiere el concurso de todos. Aún estamos a tiempo.