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Unos ¢51.021 millones tiene colocados la institución y recaen críticas por su manejo
Créditos en la Caja bajo la lupa
Los recursos se toman de los dineros reservados para las pensiones de los asegurados
La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social otorga créditos para la compra de vivienda y terrenos, pero tiene problemas para cobrar adecuadamente a las personas que los reciben.
Los dineros prestados son tomados de la reserva para la pensión de los trabajadores que cotizan para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
A diciembre de 2010 la Gerencia de Pensiones tenía colocados ¢51.021 millones, con una capacidad de recuperación baja.
La suma corresponde a 8.268 créditos concedidos tanto a empleados de la Caja como a particulares.
La entidad no cuenta con normas adecuadas para seleccionar a las personas a las que se les conceden, tampoco con mecanismos para cobrar lo prestado y tarda más tiempo de lo establecido por las autoridades financieras para calcular la morosidad, según consta en un informe preliminar de la Interventora de la Gerencia de Pensiones a la junta directiva de la Caja.
Eso a pesar de que se trazó un plan para revisar las reglas existentes, y sobre las que la Supen en 2009 había girado una serie de señalamientos con el propósito de que se corrigiera la forma de cobrar.
Sin embargo, el plan no se ejecutó aunque se gastaron ¢65 millones en el pago de salarios a un equipo de funcionarios especializados.
Dicha intervención se dio a raíz de que la Auditoría Interna había dicho que faltaban estudios técnicos para aplicar una baja en los intereses crediticios que podría haber generado ¢1.600 millones en pérdidas.
A los gastos señalados se suman los dineros invertidos en la compra de equipos como computadoras, impresoras y fotocopiadoras.
Pero ni una sola de las operaciones fue corregida en el transcurso de un año, que fue el tiempo que tardó en realizarse el trabajo.
Por otra parte, la estabilidad del régimen también se pone en entredicho en el informe, por el manejo de las pensiones del régimen no contributivo. Desde 2005 a la fecha hay 6.902 casos sin resolver.
De estos, la mayoría corresponde a pensiones por vejez seguidas por las solicitadas por invalidez.
En ese caso tampoco hubo solución a pesar de los dineros invertidos en el pago de profesionales y otros recursos.
La administración del régimen también es cuestionable por el manejo de sus bienes. Por ejemplo para legalizar 54 propiedades de 57 rematadas, entre viviendas y lotes, tardó más de un año.
Igual para telemedicina se compró un equipo por ¢58 millones, con el cual solo se atendieron 22 asegurados con un costo por persona cercano a ¢2,5 millones. El equipo no se aprovechó al máximo por no haber espacio y por no contar con la autorización de los pacientes.
Ante ello, Dinorah Garro, interventora de dicha gerencia, recomienda a la brevedad hacer un estudio para su reorganización.

Gabriela Masís
[email protected]
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