Costo de anualidades aumentó un 27% en tres años
“Los diputados deberían enfocarse en la lucha contra el fraude fiscal y no lanzar cortinas de humo, para decir que los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal”, expresó Albino Vargas, secretario de Patria Justa. Archivo/La República
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El costo de las anualidades que disfrutan los empleados del Gobierno central, aumentó en un 27% en tres años.

Mientras tanto, otros pluses salariales como la disponibilidad y la restricción al ejercicio profesional, tuvieron un aumento superior al 15%.
En contraposición, la inflación para ese mismo periodo fue de apenas un 4,5%, lo que deja al descubierto un claro desbalance entre el incremento en el costo de la vida y los beneficios que reciben los burócratas.


Ante este panorama, varios diputados de oposición exigen al Gobierno el debate de la ley de empleo público, antes de aprobar cualquier proyecto que incremente los impuestos.
El objetivo es restringir el efecto de bola de nieve que representan los pluses salariales, los cuales pasaron de ¢343 mil millones a ¢422 mil millones en tres años.
El argumento de los congresistas es que de nada valdría golpear la competitividad del sector privado con nuevos gravámenes, si al final no se contiene el gasto estatal.
La ley de empleo público establecería un nuevo sistema de medición para el otorgamiento de las anualidades, con el objetivo de que solo aquellos que obtengan una calificación de “excelente” en sus labores, puedan recibir el plus salarial que hoy día se otorga automáticamente a los 128 mil burócratas.
Sin embargo, algunos legisladores como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, son más drásticos y exigen que este plus salarial solo se entregue a la mitad de los funcionarios públicos. {l1}arias_y_solis_le_dan_respaldo_a_ley_de_empleo_publico{/l1}

La ley también limitaría el pago de la disponibilidad y la restricción al ejercicio profesional a un puñado de funcionarios, con lo que se reduciría el gasto estatal por este concepto drásticamente.
Hasta el momento el Gobierno ha mantenido congelado este debate y en su lugar ha promovido la ley contra el fraude fiscal.
Sin embargo, los diputados de oposición descartan cualquier posibilidad de que los nuevos tributos tengan prioridad sobre la agenda de contención del gasto.
“Para Liberación Nacional lo más importante es controlar el gasto y no habrá apoyo a ninguna propuesta tributaria si antes no se ha hecho nada en este aspecto”, dijo Rolando González, legislador verdiblanco. {l2}sindicalistas_reiteran_huelga_indefinida_si_diputados_discuten_proyectos_de_empleo_publico{/l2}
Para el sector sindical, los diputados de oposición tratan de lanzar una cortina de humo, para desviar la atención sobre la evasión fiscal que se estima en más de un 8% del PIB.
Asimismo, líderes sindicales como Albino Vargas, de Patria Justa, no descartan realizar nuevas protestas.
“El 28 de agosto el proyecto contra el fraude fiscal debe salir de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esperamos que esa ley nos permita conocer quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, que escondiéndose precisamente bajo esa figura jurídica del anonimato en negocios, roban, escamotean y esconden la verdadera realidad de las rentas que están recibiendo, de las ganancias que obtienen y que acumulan”, dijo Vargas.

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