Costa Rica no avanza en la lucha contra el cambio climático (II)

Costa Rica no avanza en la lucha contra el cambio climático (II)

Dos de las principales razones por las que Costa Rica no avanza en la lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, son la gran carencia de recursos que tenemos y los dogmas que se introducen en las políticas públicas que evitan generar recursos suficientes para poder tomar acciones de peso.

En materia de mitigación, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continúan creciendo aceleradamente, inducidas en gran medida por la falta de desarrollo de una infraestructura vial moderna y multimodal enfocada en la movilidad eléctrica.

La limitada y paupérrima infraestructura vial actual, que está fuertemente anclada en el petróleo, induce un acelerado crecimiento del consumo de petróleo explorado, producido y refinado en otros países, el cual es mucho mayor que el crecimiento del consumo petrolero mundial.

Esta situación, que a su vez aumenta fuertemente las emisiones de GEI y de otros gases contaminantes, va en la dirección contraria al proceso de descarbonización que debería ir teniendo la economía nacional.

No solamente los escasos recursos que existen no alcanzan para realizar la transición energética que el país necesita, que incluye el desarrollo de una infraestructura vial multimodal moderna de transporte público y privado enfocada en la movilidad eléctrica, sino que el alto y creciente consumo petrolero importado impulsa las continuas transferencias de grandes cantidades de recursos fiscales y no fiscales al exterior que tanto nos hacen falta aquí.

Estos recursos que enviamos continuamente al exterior con las crecientes importaciones petroleras podríamos utilizarlos, entre otras cosas, para la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático del país, tal como lo están haciendo muchos países exitosos.

Aunque Costa Rica genera un impacto insignificante en el cambio climático porque sus emisiones de GEI tienen una participación muy pequeña de las emisiones mundiales (0,02% de las emisiones mundiales), sí tiene la responsabilidad de reducir sus emisiones de gases bajo el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por Costa Rica junto con todos los países del mundo.

Dentro del Acuerdo de París, que es el tratado internacional firmado en diciembre 2015 dentro del marco de la CMNUCC y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se adquirió un compromiso, más allá de lo que los estudios recomendaban en su momento, de reducir las emisiones nacionales de GEI a partir de 2020 con metas de reducción claramente establecidas en el tiempo.

A la fecha no existe ningún plan de acción con sus estudios técnicos y económicos de detalle y con su respectivo financiamiento aprobado para empezar a implementar el proceso de reducción de las emisiones nacionales de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París, los cuales son intensivos en capital.

Como he señalado en varias columnas anteriores, las emisiones nacionales más bien han venido aumentando rápidamente y si no se toman las acciones correspondientes, las emisiones continuarán creciendo aceleradamente de aquí a 2020 y más allá, lo que incumpliría los compromisos del país plasmados en el Acuerdo de París.

En el campo de la adaptación, a excepción de algunos programas de inversión privada (como en los sectores de café y ganadería), en el país tampoco está ocurriendo nada relevante para aumentar significativamente la resiliencia en todos los sectores, a pesar de que el costo de los daños causados por el cambio climático en el país crecen año con año.

Lo anterior es el resultado de la gran falta de recursos que tenemos, derivada en gran medida de las políticas basadas en dogmas.

Según un estudio de la Contraloría General de la República, los costos de reconstrucción por los impactos del cambio climático en Costa Rica han aumentado significativamente. El monto pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 millones en 2010, lo cual representó el 1,03% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los costos después de 2010 han seguido aumentando rápidamente porque los eventos climáticos que estamos teniendo son cada vez más destructivos y frecuentes y porque no hay una adaptación al cambio climático suficiente y eficaz en los diferentes sectores del país (transporte, agropecuario, vivienda, salud, recurso hídrico, etc.).

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) titulado “La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe” es claro en llamar la atención sobre la problemática de los daños creados por los eventos climáticos cada vez más destructivos. Hay que tomar las medidas de adaptación que se necesitan para “pasar de lo inevitable a lo sostenible”.

Si no se toman las medidas de adaptación al cambio climático que se requieren en el país, los daños en los diversos sectores tenderán a aumentar fuertemente en los próximos años.

Solo en la insuficiente y débil infraestructura vial que tenemos, los daños son crecientes y de gran magnitud. Como lo indiqué en una columna anterior, el Ministro del MOPT estimó hace unas pocas semanas que “la magnitud de los daños que ha provocado la tormenta tropical Nate en toda la infraestructura vial del país es de proporciones titánicas”.

Esta situación se agrava aún más cuando constatamos que la disponibilidad de recursos es tan escasa que no alcanza ni para reparar todos los daños creados por los frecuentes eventos climáticos, y mucho menos para hacer la adaptación al cambio climático. En el caso de la reciente tormenta Nate, ya el Gobierno señaló hace poco que se encuentra sin dinero para pagar la reconstrucción de los daños causados por esta tormenta.

Los medios de comunicación han informado igualmente que “en medio de los reportes por los efectos devastadores de la tormenta tropical Nate en el país, el Gobierno aseguró que apenas hay dinero en las arcas estatales para atender los primeros impactos de las lluvias en la infraestructura pública”.

Lo anterior se refiere únicamente a los daños causados por una sola tormenta.

¿Qué pasará con la reparación de los daños que serán causados por los siguientes eventos climáticos en el sector transporte y en el resto de los otros sectores, como la agricultura, la vivienda, la salud, la biodiversidad y el recurso hídrico, entre otros sectores?

Si no hay recursos suficientes para reparar los daños causados por una sola tormenta a la pequeña y frágil infraestructura vial actual, como los daños causados por la tormenta Nate, ¿cómo se van a reparar los daños que se estima que serían causados por las futuras tormentas o huracanes, entre otros eventos climáticos extremos?

Con esta enorme carencia de recursos donde no existe suficiente dinero para reparar los daños actuales, ¿cómo se van a realizar las grandes y millonarias inversiones que son necesarias para la adaptación del país al cambio climático en todos los sectores, incluyendo el desarrollo de la nueva y competitiva infraestructura vial multimodal de transporte público y privado enfocada en la movilidad eléctrica que el país necesita, la cual debe ser además desarrollada ya adaptada al cambio climático?