Convenio sobre violencia doméstica y empleo divide a empresarios y gobierno

El convenio de la Organización Internacional del Trabajo que enfoca la violencia doméstica como un problema que afecta el empleo, divide al Instituto Nacional de las Mujeres y al sector empresarial.

Lo primero que se insta es a incluir la violencia doméstica en evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, evitando que las víctimas sean despedidas, además de otorgarles licencias pagas y flexibilidad laboral.

Sin embargo, el texto no es claro sobre las responsabilidades que tendrían los empleadores, y es por eso que se presta para múltiples interpretaciones y portillos, advierten.

Además, el objetivo de esta nueva norma internacional del trabajo no es solo proteger a los asalariados, sino que cobija a quienes realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional.

También a aquellos trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo y los solicitantes de empleo.

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"Los empleadores tendrán que asumir las responsabilidades relacionadas con incidentes que implican a personas que nunca han conocido, en lugares fuera de su alcance y en situaciones más allá de su control”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.

Otro motivo por el que los empresarios consideran que el convenio es ambiguo es que las medidas propuestas no son para los Estados, si no para las empresas, y que al incluir la violencia doméstica creará situaciones complejas en el mundo laboral; además que es algo que le compete a la esfera del derecho penal y de familia.

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No está de acuerdo con esto el Instituto Nacional de las Mujeres, que pide que el convenio sea ratificado.

“La erradicación de la violencia doméstica nos compete a todos. No hay excusa válida para que el sector empresarial costarricense se declare ajeno a esta obligación. Relegar el asunto al ámbito de la familia o el derecho penal es condenar a las víctimas y cerrar los ojos ante una realidad que cobra vidas”, comentó Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu.

Otra situación que deberá tomarse en cuenta si el convenio se ratifica es dotar de más recursos a la Dirección de Inspección de Trabajo, ya que en el texto indica que los inspectores deberían recibir formación específica sobre las cuestiones de género para detectar y tratar la violencia.

Para poner en práctica este convenio se debe formular una legislación que defina y clarifique los aspectos.