Contrataciones Abiertas: la clave para luchar contra la corrupción en los procesos de compras públicas

María Fernanda Avendaño Mora

Presidenta de organización ACCESA

Ya hace varias décadas se conoce la necesidad de que las instituciones públicas mejoren sus estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en todos los aspectos de su gestión con el fin de restaurar la confianza y legitimidad frente a la ciudadanía y como camino para fortalecer la democracia.

Los procesos de contratación pública no son la excepción, al contrario la información que se registra en ellos es tan valiosa para un país que su accesibilidad debería ser prioridad: refleja dónde se concentran el poder y el dinero. Las noticias de la última semana son una evidencia, que más allá de escandalosas, son una oportunidad para evidenciar los pendientes como país y hacer los cambios requeridos con carácter de urgencia.

La ruta está más que señalada, la contratación abierta se ha establecido como una nueva norma global respaldada por organismos internacionales como el G7, el G20, la OCDE, el Banco Mundial y que recomiendan órganos del sector como la International Association of Contract & Commercial Management (IACCM) para que en todas las etapas del proceso de contratación pública se garantice máxima transparencia, rendición de cuentas, divulgación y participación ciudadana, aprovechando para esto lo que la tecnología puede aportar para hacerlo de manera eficiente, moderna y a gran escala.

¿Qué hace falta en Costa Rica?

Por un lado, el Ministerio de Hacienda, quien es el ente responsable de administrar el Sistema Integrado de Compras Públicas del Estado (Sicop), debe hacer las modificaciones necesarias para que esta sea una plataforma adaptada a la lógica de contrataciones abiertas, capaz de publicar información acorde con las demandas de la ciudadanía, enfocada en la transparencia y la rendición de cuentas y no solo una página electrónica para gestionar las contrataciones.

El SICOP debe mejorar la publicación de datos sobre la fase de ejecución de los contratos. La publicación de la etapa de apertura, recepción de ofertas y adjudicación es relativamente comprensiva, pero en la etapa de ejecución queda debiendo. Además, debería aspirar a que la información se disponga en formato estructurado bajo el Estándar Internacional de Datos de Contratación Abierta, tal como lo ha empezado a hacer el Poder Judicial, para mayor facilidad de análisis y monitoreo.

También se debe corregir el modelo de gobernanza del SICOP. No es funcional que el Ministerio de Hacienda administre la plataforma, pero RACSA provea el servicio y custodia los datos. Esto dificulta el acceso a la información, pues toda solicitud de datos debe ir a RACSA, quienes usualmente no responden a consultas. Si RACSA no se adapta a la lógica de contrataciones abiertas, entonces ese servicio lo debería brindar otra empresa o entidad.

Por otro lado, el Congreso debe generar la legislación para normar que la declaración de patrimonio y el registro de beneficiarios finales de las empresas sea público. Si esta información fuese pública se mejoraría la integridad y legitimidad de los procesos de contratación y potencialmente prevenir la corrupción, pues podría ayudar a identificar empresas que se presentan como empresas diferentes pero que en realidad tienen el mismo beneficiario final y permitiría identificar aumentos sospechosos o inexplicables en el patrimonio de los funcionarios públicos.

¿Cuáles son los beneficios de que el país cumpla con la norma global de Contrataciones Abiertas?

Aplicar el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas y su enfoque no es solo una herramienta para la lucha contra la corrupción, sino que también trae beneficios que impactan en una mayor rentabilidad, una mejor calidad de los servicios públicos, una mayor confianza pública y un mejor entorno para hacer negocios, entre los más relevantes se encuentran:

• Reducción de costos: porque ayuda, por ejemplo, a identificar costos escondidos en negociaciones.

• Toma de decisiones más eficientes sobre los recursos públicos: con una mayor apertura de información y transparencia, el gobierno puede conocer mejor quién gasta, en qué gasta, cuándo y cuánto gasta del recurso público, lo que permite que pueda ser más certero en el análisis y en las decisiones sobre el presupuesto público.

• Mayor competitividad: crear un mercado más justo y accesible potencialmente incrementa el número de empresas participando en licitaciones, lo que a su vez diversifica la base de contratistas y potencialmente reduce los precios de las contrataciones.

• Facilidad para el monitoreo: la disposición de información y datos permite que surjan iniciativas de análisis, fiscalización y comunicación de los contratos desde sociedad civil, periodistas, academia e incluso empresa privada.

¿Qué debe hacer la ciudadanía?

Demandar, exigir y fiscalizar que Costa Rica cumpla al 100% con el Estándar Global de Contrataciones Abiertas y Estándar Internacional de Datos de Contratación Abierta y que la norma sea "apertura radical" para que la ciudadanía tenga voz en la contratación y el gasto público y pueda acceder a la información de todos los contratos del estado de manera fácil para una fiscalización ciudadana.