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Jueves, 19 de septiembre de 2019



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Contraloría ordena a la Caja aplicar rebajo de pluses a sus trabajadores

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 05 septiembre, 2019

La Contraloría ordenó a la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluyendo el rebajo de pluses
La Contraloría ordenó a la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluyendo el rebajo de pluses


La Contraloría ordenó a la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluyendo el rebajo de pluses para sus trabajadores.

Asimismo, ordena a los directivos de la institución convocar en un plazo máximo de cinco días una “sesión extraordinaria” para que conozca “el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas”.

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“Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la Caja debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a anualidades e incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”, dijo la Contraloría en un comunicado.

Luego de una semana de huelga, el Gobierno y los sindicatos de esa institución llegaron a un acuerdo para poner fin a un movimiento de protesta que afectó a los asegurados.

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Los trabajadores exigían a Román Macaya, presidente de la Caja, que cumpliera con un acuerdo para sustraer a la Caja de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual establece una regla fiscal en cuanto al aumento del gasto de la institución y varios recortes a los incentivos salariales.

Un 5,5% de anualidad, un sobresueldo de 22% de carrera hospitalaria y un 17% de bono para los médicos son algunos de los incentivos que protegían los funcionarios de la Caja con la protesta.

El acuerdo incluía enviar a los tribunales el acuerdo firmado para determinar su legalidad.

La decisión del Gobierno de no aplicar la regla fiscal y el rebajo de los pluses, fue ampliamente criticada por el sector productivo en ese momento.





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