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Carlos Alvarado defiende acuerdo entre sindicatos y la Caja

Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 14 agosto, 2019 01:34 pm

Carlos Alvarado, presidente de la Caja. Archivo/La República
Carlos Alvarado, presidente de la Caja. Archivo/La República


Al considerar que lo más importante es garantizar el derecho a los asegurados a recibir atención médica, y que el Gobierno no cedió ni un ápice, el presidente Carlos Alvarado defendió el acuerdo entre sindicatos y trabajadores de la Caja.

El mandatario también descartó que vaya a pedirle la renuncia a Román Macaya, presidente de la Caja, tal y como lo solicitaron los empresarios.

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Para Alvarado es importante destacar que será un tribunal quien determinará la legalidad del entendimiento entre los trabajadores y la Caja.

“Unos 122 mil costarricenses se vieron afectados, y no podíamos permitir que más personas se vieran afectadas. Aquí no estamos hablando de las personas que pueden pagar medicina privada, sino a quienes no tienen otra opción más que la Caja. No es de recibo que digan que este Gobierno ha sido débil o blando, porque, díganme a mí, ¿quién ha adoptado las medidas para poner la casa en orden?”, dijo Alvarado al mediodía.

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Mientras tanto, el sector productivo se quejó también del acuerdo, por medio de la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara Norteamerica de Comercio, la Uccaep y otras más.

“El Gobierno está enviando señales equivocadas. Es mejor dejar de hablar de reactivación económica, porque con estos acuerdos retrocedemos en la senda que nos habíamos trazado para poder dinamizar la economía y sacar al país adelante. En tiempos de desaceleración económica y de crisis fiscal, no solo el sector privado debe realizar sacrificios para el bienestar nacional; sino también el sector público”, dijo Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.

Luego de una semana de huelga, el Gobierno y los sindicatos de esa institución llegaron a un acuerdo el lunes para poner fin al movimiento de protesta que afectó a los asegurados.

Los trabajadores exigían a Román Macaya, presidente de la Caja, que cumpliera con un acuerdo para sustraer a la Caja de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual establece una regla fiscal en cuanto al aumento del gasto de la institución y varios recortes a los incentivos salariales.


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