Construyendo la democracia: el poder judicial

Sinceramente

“Es bastante más preferible para un pueblo el tener malas leyes con buenos jueces que no malos jueces con buenas leyes.” El Juez.

Pocas funciones más trascendentales en el sistema democrático que la función de impartir justicia. La justicia distributiva no ideal es el elemento que da cohesión y legitimidad al régimen democrático. Sin justicia el vacío sería llenado por el despotismo. Sin justicia y sin derecho, la ley del más fuerte imperaría como en la selva. De allí que tener el mejor poder judicial es trascendental.

La percepción del poder judicial en Costa Rica está muy venida a menos y pareciera que los ciudadanos sienten y expresan con facilidad su disgusto por su aparente mala administración, el presunto mal desempeño en las funciones judiciales de algunos jueces y ciertos magistrados, la percepción de que la politiquería se ha ido apoderando de dicho órgano, de la creciente falta de imparcialidad de los jueces y magistrados, así como de la presunta ausencia notoria de justicia pronta y cumplida. La percepción de que es un poder en el que la politiquería y los intereses de magistrados y grupos preceden a la justicia, de la aparente corrupción en muchas de sus decisiones y sentencias ha ido destruyendo su otrora excepcional prestigio y minando la confianza de los ciudadanos en ese poder que es corazón de la democracia y de la convivencia en paz y en armonía.

Al igual que en el resto de las instituciones sociales en nuestro país, pareciera que las condiciones humanas de algunas de las personas a todo nivel en el poder judicial dejan qué desear. Su integridad, su congruencia, su educación y preparación académica para el desempeño de sus funciones presuntamente no son lo que es deseable. Algunos jueces incluso tienen aparentemente grandes y significativos rezagos en sus destrezas para juzgar bien, para emitir fallos adecuados y esto repercute de manera frontal en las salas donde los fallos son analizados y un porcentaje significativo de ellos se ve enmendado. En el impartir justicia la condición humana tiene una repercusión trascendental y estos aspectos y facetas de la persona pareciera muchas veces son soslayados por la conveniencia política y el espíritu de grupo dentro de la institución.

El poder judicial debe de ser reformado para que la administración resida en funcionarios especializados. Profesionales deben de asumir aspectos como administración de presupuestos, flujos de caja y de inversión, políticas y administración de remuneraciones, pensiones y otros aspectos que hoy día presentan grandes dudas en la habilidad e idoneidad de sus manejos. La administración de justicia es lógico que resida en la Corte Suprema de Justicia como lo establece el artículo 152 de la Constitución, pero la administración como ya se hace en otros países debe de ser ejercida en otras instancias independientes. El separar ambas y dejar que jueces y magistrados impartan justicia y se desentiendan del resto de las funciones haría desplomarse la politización dentro de la institución y esta a su vez ganaría en eficiencia y efectividad. El poder judicial debe de estar circunscrito a impartir justicia y nada más.

La politización y la fragmentación en grupos políticos es un flagelo que debe atenderse con diligencia en el poder judicial. Siempre se debió priorizar capacidad más allá de la lealtad a los partidos. El poder judicial y sus jueces y magistrados no están ni deberían estar nunca supeditados a voces y dirección más que la de su conciencia y la clara noción de la suprema función de la justicia. Los vicios han ido consolidándose en la medida en que ya no se eligen abogados litigantes externos al poder judicial para ocupar puestos de magistrados, sino que quienes son electos son los jueces superiores recomendados por los magistrados a los diputados. Esto impide la oxigenación del ambiente, la ruptura de las argollas de poder y la llegada de aires de renovación saludables. Los mecanismos de nombramiento de los magistrados deben de variar. El Presidente de la República debe de ser quien presente ternas a la consideración de la Asamblea Legislativa para que dentro de ellas el parlamento escoja. La comisión de nombramientos debe de acabar. Es el plenario el que debe de atender la terna enviada por el presidente y de ella elegir. El nombramiento será político de todas maneras, pero al menos será transparente. Una solución a la indeseada permanencia excesiva en los cargos de magistrado pareciera ser que ellos se eligieran para un período de 20 años, pero único sin reelección.

El manejo del OIJ y el nombramiento del Fiscal General es otra área de intensa politización. Ambas instituciones deben de salir del poder judicial. El OIJ debe de ser una agencia dentro del Ministerio de Seguridad Pública y el Fiscal General del país debe de ser el mismo Ministro de Justicia, ubicándose dentro del poder ejecutivo.

Un poder judicial no debe de investigar, acusar, hacer la defensa pública, juzgar y resolver apelaciones, todo por sí y ante sí. Las posibles y presuntas complacencias entres estas etapas no favorecen la causa de la justicia en el país.

La Sala Constitucional debe de ser reformada para que resuelva exclusivamente asuntos constitucionales. Deben crearse dos tribunales constitucionales cuyas sentencias tengan apelación ante la sala constitucional para que atiendan los recursos de inconstitucionalidad, los recursos de amparo y los habeas corpus.

Nuestra justicia es tardada. Los jueces y salas no parecen vivir con espíritu de urgencia sus labores. Los jueces no tienen plazos fatales para emitir sus sentencias. La Sala Constitucional ha sentenciado que los plazos son “ordenatorios” y no fatales por lo que las cosas marchan a paso de quien menos corre.

En el país los investigadores no tienen plazo para rendir sus informes ante un juez. Las investigaciones se prolongan de manera excesiva. Los casos complejos que tienen algún viso político aún más. Así que la cadena de investigación sin plazo ni urgencia se suma a tres etapas de sentencia a su vez sin plazo fatal. El poder judicial debe de analizar esta grave situación y los diputados, partidos políticos y candidatos deben de reflexionar, estudiar causas, mecanismos, protocolos existentes y reformar los mismos en aras de la justicia pronta y cumplida.

El poder judicial debe de ser sujeto de un análisis cercano y crítico. Los magistrados electos deben de serlo por su capacidad e integridad, valores y destrezas no por la conveniencia partidaria o de facción judicial. Costa Rica debe de estar clara que este poder, corazón de la democracia, debe de actualizarse pronto.