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Lunes, 21 de septiembre de 2020



COLUMNISTAS


Construyendo la democracia: el Poder Ejecutivo

Emilio Bruce [email protected] | Viernes 04 septiembre, 2020


Sinceramente

El modelo presidencialista fue adoptado desde el inicio de nuestra vida independiente. La tradición cultural de tener un rey a la cabeza empujó la formación de un régimen republicano con una figura que reemplazara al monarca y ese fue el Jefe de Estado primero y el Presidente después. El presidente de Costa Rica es el sucesor de este, aunque la cultura costarricense lo ha ido transformando a lo largo de doscientos años.

Durante el bipartidismo el poder ejecutivo fue transformándose en un poder cada vez menos ejecutivo. Un partido y otro deseaban garantías de que el poder del presidente no fuera importante. Muchos han señalado que el presidente fue siendo limitado para evitar que un partido hiciera mucho más que otro o dispusiera en contrario de lo que el anterior había hecho.

Para verificar la corrección de los actos del poder ejecutivo surgió en su momento la Contraloría General de la República. Grandes luchas políticas se han dado desde entonces para nombrar a un Contralor General afín al partido en el poder. Así uno y otro empujaron figuras estimables que fueran estrictas con sus adversarios y más complacientes con el partido que proponía y llevaba a su puesto al Contralor y Sub Contralor General de la República.

Un funcionario de esa oficina tiene tanto poder que, si no refrenda una iniciativa ministerial, aquella se detiene. No hay que olvidar que una cosa es un auditor y un tribunal de cuentas y otra un coadministrador. La Contraloría General de la República es un brazo de la Asamblea Legislativa que interviene y detiene, controla y dirige a los otros dos poderes con lo que parece ser una fuerte injerencia de un poder en otro.

Los ministerios han dejado de ser ejecutivos y se han transformado en parcialmente deliberantes. Casi todos los ministerios están llenos de consejos y juntas directivas en los que el ministro es un voto más. Esto como otras cosas resulta incomprensible para quienes observamos desde afuera las instituciones. Así el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transportes y otros tienen poderosos consejos que han empantanado la función ejecutiva del ministro y generado un costo impresionante.

El país tiene una gran cantidad de ministerios, muchos más de los que parecieran ser necesarios. Se creció con el afán de dar trabajo a los amigos, dar el título ministerial a los que en campaña habían colaborado, se crearon viceministerios para reemplazar las oficialías mayores y todo creció en gasto y tamaño, pero no en eficiencia y eficacia. Ha faltado conocimiento y ha sobrado politiquería e interés a la hora de crear muchas de estas transformaciones.

El Procurador General de la República es nombrado por ocho años por la Asamblea Legislativa por un período mayor al del gobierno al que va a servir. O sea, el abogado del estado que es el abogado y funcionario de confianza del presidente, muchas veces ha resultado su adversario político resolviendo en contrario de lo que el poder ejecutivo ha tomado la iniciativa de hacer.

La primera dama, la esposa del presidente, ha ido asumiendo funciones ejecutivas sin sustento claro en la ley y también sin haber sido electa. De acuerdo con la figura “funcionario de hecho” según la ley general de la administración pública ella disfruta de su singular posición en legalidad. Goza muchas veces de un despacho y funcionarios y asesores con cargo al presupuesto nacional. Al no haber investidura no hay responsabilización al tenor del artículo 111 de la ley general de la administración pública, por lo que yace en un limbo jurídico. Esto irrita con no poca razón a quienes se cuestionan esos privilegios.

Costa Rica tiene dos vicepresidentes. Se ha establecido que los vicepresidentes son nombrados con el propósito de lograr una sucesión legal ordenada en caso de muerte del presidente o de su incapacitación. Lo cierto es que a ambos se les comienza a buscar puesto apenas son electos y resultan como los jarrones chinos, todos saben lo valiosos que son, pero nadie sabe dónde colocarlos.

Hay que transformar al poder ejecutivo en un verdadero poder que ejerza el liderazgo y administre los bienes comunes. La Contraloría General de la República debe de volver a ser auditor y tribunal de cuentas y dejar de ser co administrador. El Procurador General de la República debe de ser nombrado por el período del gobierno en cuestión. Debería estar adscrito al ministerio de justicia. El ministerio público y el OIJ deberían estar en ese ministerio también para extraerlo del Poder Judicial y dejar a este solo la función de juzgar e impartir justicia.

Los órganos de desconcentración máxima, consejos y directivas dentro de los ministerios deben de dejar de existir y la autoridad ministerial debe de ser asentada con todas las responsabilidades propias del cargo y todas las penalidades correspondientes a sus responsabilidades legales en el manejo de sus asuntos.

Los vicepresidentes deben dejar de ser figuras decorativas y asumir responsabilidades como tales dentro de las vertientes que determine el legislador como podían ser infraestructura y educación o área social y área económica. En todo caso si el legislador así lo dispone podrían ser exclusivamente piezas en la línea de sucesión sin oficina, gastos, sueldo ni funciones.

Elecciones de medio período para renovar la Asamblea por mitades debe de ser una de las consideraciones prioritarias de nuestros días.

Es absolutamente indispensable que la institución del referéndum revocatorio de funciones para el presidente sea adoptada. Un presidente sin destrezas hace un enorme daño cuatro años en el poder.

Es indispensable que el presidente de la república ante una asamblea obstruccionista pueda llamar a elecciones a medio período para la renovación total del congreso.

Es indispensable que la Asamblea Legislativa por mayoría calificada pueda destituir a cualquier ministro o viceministro y a cualquier presidente ejecutivo cuando lo estime importante.

Los procesos de simplificación legal del país deben darse de manera inmediata sobre todo en la maraña legal en torno al poder ejecutivo. El servicio civil debe de ser modernizado y actualizado con toda urgencia. No es lógico que los ministros no puedan depurar de funcionarios inadecuados a sus dependencias con agilidad.

El estado debe de ser pequeño pero fuerte. El estado debe de ser pequeño pero ágil y efectivo. El poder ejecutivo debe serlo y nunca deliberante que para debates está la Asamblea Legislativa y los tribunales de justicia como reza el artículo 49 de la Constitución Política por el control de la legalidad sobre los actos administrativos. El funcionamiento del Consejo de Gobierno debe de ser revisado y modernizado.

En Costa Rica muchos opinan de política y critican e insultan. Por años pocos han cuestionado ni propuesto la modernización del poder ejecutivo ni de las autonomías. Mucho de este silencio estriba en que muchas de estas directivas, consejos y otras instituciones son botines políticos, sin contar con las onerosas asesorías externas, para beneficio del vencedor de los comicios. Ya va siendo hora de escuchar a los partidos y candidatos hablar de política de estado.

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