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Con el objetivo de aclarar dudas en torno al levantamiento de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chaves y la posibilidad de que derive en su destitución, el congresista republicano Mario Rafael Díaz-Balart, afín al presidente Donald Trump, convocó a la embajadora costarricense en Washington a una “reunión informativa”.
El político, integrante de la Cámara de Representantes —también conocida como Cámara Baja— destacó en una publicación de X su inquietud, aseverando que remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales “mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”.
“Como presidente del subcomité encargado de proporcionar la asistencia exterior para respaldar la democracia y a nuestros aliados, me preocupa profundamente la situación que se está desarrollando en Costa Rica. La posibilidad de que un presidente en funciones —en una de las democracias más estables y consolidadas de la región— pueda ser apartado por expresiones políticas, mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable, genera serias inquietudes”, dijo Díaz-Balart.
En ese sentido, el político destacó que Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un referente democrático y un socio fundamental de Estados Unidos, en áreas como seguridad, incluida la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen internacional, la gestión de la migración y la atención de amenazas “antiestadounidenses”.
“Debido a estas graves preocupaciones, he solicitado una reunión informativa con la embajadora de Costa Rica, Catalina Crespo, para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Este es un momento que exige transparencia, claridad y un firme compromiso con los principios democráticos”, afirmó el funcionario.
El congresista estadounidense visitó Costa Rica a finales de julio y se reunió con el presidente Rodrigo Chaves
Los diputados analizan una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente Chaves y permitir que sea investigado por el presunto delito de beligerancia política, una figura que sanciona el uso de recursos públicos o manifestaciones electorales para favorecer a un partido o candidatura.
De ser encontrado culpable, Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargos en el Gobierno por hasta cuatro años, e incluso separado del cargo de presidente.
Esta es la segunda ocasión que Chves enfrenta un proceso de esta naturaleza en lo que va del año. En el anterior proceso, relacionado con el supuesto delito de concusión —una forma de corrupción—, la moción no obtuvo los votos suficientes para prosperar en el plenario.
Chaves, quien ha insistido en que es víctima de una persecución política, aseguró que enfrentará este nuevo proceso “con la verdad, con la lógica y con el escrutinio de la razón”.
