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Cada vez que se dispara el precio del cobre, el debate en Chile sobre cuánto dinero aporta la extracción del metal a las arcas públicas vuelve a encenderse.
La diferencia ahora es que la discusión se produce en un año políticamente excepcional: el país estará redactando una nueva Constitución -con la participación de representantes elegidos por voto popular- y en noviembre se celebrarán elecciones presidenciales.
Como el negocio del cobre es altamente rentable y constituye una de las mayores fuentes de riqueza para un país que es el mayor productor mundial de este metal, la discusión no es sólo técnica, sino también política.
Hace exactamente 50 años, el gobierno socialista de Salvador Allende nacionalizó este recurso y desde aquel entonces se lo ha llamado "el sueldo de Chile".
Unos años más tarde, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, la explotación del cobre fue privatizada y cuando llegó la democracia al país en los años 90, Chile abrió aún más la economía al exterior y creó una serie de incentivos para atraer capitales extranjeros, generando las condiciones que permitieron un boom de grandes inversiones en el sector minero nacional.
Hoy el sector privado concentra cerca del 70% de la producción, mientras que el otro 30% está principalmente en manos de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).
Como la nacionalización y la privatización del cobre han estado ligados a momentos que marcaron profundamente la historia del país, la discusión sobre la rentabilidad que genera provoca opiniones encontradas.
Y es que el cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones del Chile; genera en torno al 10% del PIB (cifra que puede ampliarse al 15% si se considera el impacto que tiene en otros sectores asociados a su producción); crea una importante cantidad de empleos directos e indirectos y es una significativa fuente de ingresos para el presupuesto nacional, especialmente cuando el precio está alto.
Es lo que sucede ahora, mientras acumula un aumento de su precio cercano al 80% desde mediados del año pasado.
Pero como el precio oscila, así también varía el porcentaje de aporte que hace a los ingresos del Estado.
El aporte a las arcas públicas
En 2020, por ejemplo, aportó el 5,9% de los ingresos del país, según la Dirección de Presupuestos, mientras que en el período 2010-2019, esa contribución llegó al 9,6%.
Sin embargo, en la época del "superciclo" del cobre (entre 2004 y 2014), cuando el precio estaba por las nubes, el aporte a las arcas públicas alcanzó un máximo de 34,3% (2006), según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), organismo técnico que asesora al gobierno y depende del Ministerio de Minería.
"Lo positivo es que frente a esas variaciones, en Chile existe un mecanismo de estabilización que permite ahorrar en los períodos de precios altos, para tener reservas y poder gastar en período de vacas flacas", dice Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de la empresa de análisis estratégico Plusmining y exdirector de Cochilco.
Aunque el precio sea muy volátil, nadie discute que el cobre es fundamental para la economía nacional. Lo que sí se discute es cuánto dinero aportan las mineras privadas a las cuentas públicas.
Además del nivel impositivo, uno de los temas más conflictivos de la discusión es el "royalty minero".
Se trata del pago de un permiso para extraer un recurso no renovable, que se aplica en la mayoría de los países productores de cobre a las empresas mineras. En Chile no existe.
"Si las mineras tienen una buena rentabilidad cercana al 25%, que ahora con el precio alto puede superar el 30%, el resto de las utilidades debería quedar en manos del Estado, como hacen los noruegos con el petróleo", le dice a BBC Mundo Raimundo Espinoza, dirigente sindical de la División El Salvador de la estatal Codelco.
"Deberíamos discutir el royalty minero, aunque no creo que este sea el mejor momento porque el precio está muy alto. Hay que hacerlo pensando en el largo plazo", agrega.
La introducción de un royalty minero no ha prosperado hasta ahora en el Congreso, pese a que es un mecanismo ampliamente utilizado a nivel internacional.
"La mayoría de las democracias desarrolladas tienen royalty minero", argumenta Daniel Matamala, periodista chileno y columnista.
A la discusión sobre el royalty, se suma el nivel de impuestos que pagan las mineras.
"El sistema de tributación es injusto porque nunca se ha podido discutir democráticamente", agrega en diálogo con BBC Mundo.
Y es posible, dice, que sea uno de los temas que se hablen en el proceso de redacción de una nueva Constitución.
Las mineras privadas se oponen a cualquier potencial aumento de impuestos.
"En Chile nosotros tenemos una tasa impositiva de las más altas", sostiene Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la organización gremial que agrupa a las empresas del sector.
"Si el Estado aumenta la tributación, obtendrá ganancias en el corto plazo, pero después va a bajar la recaudación total porque va a haber menos inversión", advierte, agregando que el problema de la discusión tributaria en Chile se da en un año electoral "con mucho populismo".
Aunque parezca insólito, es casi imposible responder esa pregunta.
Y eso dificulta que se dé una discusión sobre este asunto con criteriostécnicos y no solo políticos.
En Chile existe un sistema impositivo que establece cuánto deben pagar las mineras, pero como las compañías se acogen a complejos mecanismos tributarios que les permiten reducir impuestos, finalmente la carga impositiva efectiva, es decir, lo que terminan pagando al Estado, es mucho menor.
Así, si se quiere hacer una comparación internacional, que sirva como un referente para analizar si los tributos efectivos que pagan las mineras son altos o bajos en Chile en relación a otros países productores de cobre, no hay datos disponibles, según los expertos consultados por BBC Mundo.
"La comparación impositiva no resulta fácil. Lo primero es definir cómo se calcula. Y los distintos distritos mineros usan diferentes modalidades para aplicar la carga tributaria efectiva", explica Marcos Riveros, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
"Habría que comparar cómo se calculan las bases imponibles, qué descuentos se les permiten a las empresas y muchos otros elementos, por eso es demasiado complejo", apunta.
Además, dice, "las cargas tributarias varían según el precio". Y es el precio del cobre "lo que determina muchas veces la carga tributaria que se va a aplicar".
Pese a la falta de datos, Riveros sostiene que Chile tiene "una carga tributaria efectiva que está dentro del rango promedio de aquellos distritos mineros con similares estados de desarrollo, como Perú, México o la Columbia Británica,en Canadá".
En eso coincide Juan Carlos Guajardo. "El aporte que hace la industria minera al país está en línea con los estándares internacionales. Es una tasa promedio".
"Tal vez se puede discutir si se justifican un par de puntos más o un par de puntos menos", agrega, "pero en Chile no hay unrobo a mano armada por parte de las mineras, como algunos plantean".
La única investigación relativamente actualizada sobre este asunto es un estudio encargado por la mineras a la empresa Ernst & Young, cuya metodología ha sido objeto de cuestionamientos.
Y a fin de cuentas, señalan los expertos, habría que comparar lo que las empresas pagan después de todos las deducciones fiscales que tienen a su disposión.
"Lo más certero para hacer una comparación entre países sería tomar los balances de las empresas y comparar qué cantidad de plata pagaron efectivamente como impuestos totales y qué cantidad de plata distribuyeron como dividendos, porque eso en el fondo es lo que le llega a los dos lados", argumenta el representante empresarial, Diego Hernández.
En Chile lo que establece la ley (sin incluir los beneficios a los que se acogen las mineras) es que las empresas están sujetas a pagar un impuesto a la renta de 27%, más un impuesto específico a la actividad minera (que oscila entre un5% y un 14%,dependiendo de la rentabilidad).
A eso se suma un impuesto adicional de 35%, solo en el caso de que las utilidades se remitan al exterior, según Cochilco. Y luego hay otros costos asociados a la operación minera como, por ejemplo, el pago por por patentes de exploración y explotación y derechos de agua.
La Constitución del país entrega al Estado "el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas".
Sin embargo, durante el régimen militar en los años 70, fue creada una Ley Orgánica Constitucional que entregó a las mineras privadas una "concesión plena" sobre la mayor parte de los yacimientos, bajo condiciones my favorables para las empresas.
Y el Decreto Ley 600 les garantizó una invariabilidad tributaria por 20 años desde el inicio de cada inversión.
"Según la Constitución, el Estado sigue siendo en teoría dueño del cobre, pero en la práctica ni siquiera puede definir los impuestos que pagarán quienes lo extraen, sino que debe negociar cuánto y a cambio de qué están dispuestos a tributar", afima Daniel Matamala.
El tema probablemente seguirá presente en la agenda política, especialmente ahora que el precio del cobre se disparó y, en consecuencia, las ganancias de las firmas serán mucho mayores.
Y aunque los expertos no creen que los precios actuales del metal sean el inicio de un nuevo "superciclo", sí plantean que las perspectivas a largo plazo son alentadoras.
No solo por las proyecciones en relación a la oferta y la demanda en los mercados internacionales, sino también por cambios más estructurales, como la revalorización del cobre en el contexto de los planes de descarbonización a nivel mundial y la demanda de este metal asociada al desarrollo tecnológico.
Desde esa perspectiva, el cobre debería seguir siendo un buen negocio por muchos años, independiente de la volatilidad de su precio en los mercados internacionales.
De cumplirse aquella proyección, y mientras no existan estudios comparados independientes sobre la carga tributaria efectiva que pagan las mineras en el mundo, el debate probablemente seguirá abierto.
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