Comencemos por casa
| Miércoles 03 diciembre, 2008
Comencemos por casa
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La reciente celebración de los 60 años de la abolición del ejército en nuestro país, es un buen momento para reflexionar como costarricenses con respecto a la situación de inseguridad y violencia que atraviesa nuestra nación.
El pasado lunes durante los actos protocolarios saqué como conclusión que podremos ser un país sin ejército, sin embargo, se está librando una guerra a lo largo y ancho de nuestro territorio y en una u otra manera somos un país armado.
Sin ánimo de restarle méritos a la importancia de la abolición del ejército, es hora de volver a darle una lección al mundo como se la dimos en 1948 al abolir la presencia militar en nuestra nación y la tarea ahora es regular la inscripción y portación de armas.
Es cierto, la delincuencia y el crimen organizado le está ganando terreno a este gobierno, pero ello se agrava al no haber controles más rigurosos para regular el consumo de armas.
Revisando hace unas semanas el archivo digital de LA REPUBLICA, me alarmó ver un reportaje de mi colega Eduardo Baldares de febrero de este año, en donde se puso en evidencia que de las 1.805 armas de fuego matriculadas ante el Ministerio de Seguridad Pública en 1989, se pasó a 8.551 el año pasado, lo que significa más del cuádruple, un récord histórico. Con respecto a 2006, esta cifra representa un aumento del 42%.
Por si fuera poco, en enero del presente año fueron matriculadas 693, lo que proyecta más de 8.300 a fin de año, de mantenerse esta tendencia.
Claro está, en Costa Rica cualquier persona mayor de 18 años podría hacerse portador de un arma de fuego, los requisitos para ello son simples y me atrevo a decir que ridículos.
Esta realidad se contrapone con lo que Costa Rica promueve en la comunidad internacional con “El Tratado sobre la Transferencia de Armas”, el cual busca prohibir a los países la entrega de armas a Estados, si existen pruebas de que serán utilizadas para violar los derechos humanos o el derecho internacional.
Esta iniciativa propia del presidente Oscar Arias es loable y es legítima de un premio Nóbel de la Paz, pero la tarea debe comenzar en nuestro país, en donde está muy claro que las armas se utilizan para “violar derechos humanos o el derecho internacional”. Los titulares de los noticiarios de nuestro país y los de los periódicos evidencian esta realidad, informando a diario sobre la muerte de costarricenses a quienes les disparan a quemarropa para robarles un celular o cualquier insignificante pertenencia durante un asalto.
No podemos pretender persuadir al mundo si nosotros mismos como país no tenemos una regulación en el consumo de armas razonable.
La tarea debe comenzar en casa, las acciones y recursos destinados para promover el Tratado sobre la Transferencia de Armas desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, deberían reconsiderarse y destinarse a nuestra realidad nacional.
Los proyectos sobre Seguridad Ciudadana que esperemos se aprueben pronto en el Congreso, no podrían dar su efectividad esperada si no se controla esta alarmante tendencia, ahora mismo.
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La reciente celebración de los 60 años de la abolición del ejército en nuestro país, es un buen momento para reflexionar como costarricenses con respecto a la situación de inseguridad y violencia que atraviesa nuestra nación.
El pasado lunes durante los actos protocolarios saqué como conclusión que podremos ser un país sin ejército, sin embargo, se está librando una guerra a lo largo y ancho de nuestro territorio y en una u otra manera somos un país armado.
Sin ánimo de restarle méritos a la importancia de la abolición del ejército, es hora de volver a darle una lección al mundo como se la dimos en 1948 al abolir la presencia militar en nuestra nación y la tarea ahora es regular la inscripción y portación de armas.
Es cierto, la delincuencia y el crimen organizado le está ganando terreno a este gobierno, pero ello se agrava al no haber controles más rigurosos para regular el consumo de armas.
Revisando hace unas semanas el archivo digital de LA REPUBLICA, me alarmó ver un reportaje de mi colega Eduardo Baldares de febrero de este año, en donde se puso en evidencia que de las 1.805 armas de fuego matriculadas ante el Ministerio de Seguridad Pública en 1989, se pasó a 8.551 el año pasado, lo que significa más del cuádruple, un récord histórico. Con respecto a 2006, esta cifra representa un aumento del 42%.
Por si fuera poco, en enero del presente año fueron matriculadas 693, lo que proyecta más de 8.300 a fin de año, de mantenerse esta tendencia.
Claro está, en Costa Rica cualquier persona mayor de 18 años podría hacerse portador de un arma de fuego, los requisitos para ello son simples y me atrevo a decir que ridículos.
Esta realidad se contrapone con lo que Costa Rica promueve en la comunidad internacional con “El Tratado sobre la Transferencia de Armas”, el cual busca prohibir a los países la entrega de armas a Estados, si existen pruebas de que serán utilizadas para violar los derechos humanos o el derecho internacional.
Esta iniciativa propia del presidente Oscar Arias es loable y es legítima de un premio Nóbel de la Paz, pero la tarea debe comenzar en nuestro país, en donde está muy claro que las armas se utilizan para “violar derechos humanos o el derecho internacional”. Los titulares de los noticiarios de nuestro país y los de los periódicos evidencian esta realidad, informando a diario sobre la muerte de costarricenses a quienes les disparan a quemarropa para robarles un celular o cualquier insignificante pertenencia durante un asalto.
No podemos pretender persuadir al mundo si nosotros mismos como país no tenemos una regulación en el consumo de armas razonable.
La tarea debe comenzar en casa, las acciones y recursos destinados para promover el Tratado sobre la Transferencia de Armas desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, deberían reconsiderarse y destinarse a nuestra realidad nacional.
Los proyectos sobre Seguridad Ciudadana que esperemos se aprueben pronto en el Congreso, no podrían dar su efectividad esperada si no se controla esta alarmante tendencia, ahora mismo.