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Jueves, 5 de diciembre de 2019



COLUMNISTAS


Cobrando lo debido

Carlos Camacho [email protected] | Martes 03 diciembre, 2019


En diversas ocasiones antes de la reciente reforma fiscal bajo el título de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se usó como bandera de algunos sectores, una falacia que – a falta de acción de la Administración Tributaria – no deja de ser casi una profecía autocumplidora.

Propiciaban que no era necesario hacer cambios en lo tributario, mientras no se recaudara de manera apropiada lo que correspondía de quienes, de manera sistemática, incumplen con sus obligaciones tributarias. Esta afirmación en aquel contexto se hacía un mero pretexto para que Costa Rica no avanzara camino a un sistema tributario más general y equitativo.

Sin embargo, debemos hacer notar diversas causas que nos deben hacer retomar el argumento a la luz de haber logrado, al menos en primera instancia, una modernización de la estructura tributaria del país, sin que medie de manera evidente una tributación más inclusiva y por tanto que cumpla con los principios de igualdad y generalidad.

Hay una diversidad de causas que alimentan la urgencia de contar con una gestión tributaria seria y moderna. Una administración responsable de las reformas que como sociedad hemos venido asumiendo y para las que el sector productivo ha tenido que ceder a la abundante y profunda transformación de nuestro sistema tributario en los últimos años.

Hemos cedido, desde la perspectiva del sector privado, en institutos y derechos para dar paso a unos deberes que, sopesados como sociedad es propio haberlos cedido; la razón: el bien superior, que resulta de enfrentar de forma solidaria la contribución al sostenimiento de las cargas públicas.

Sin embargo, esto se ha recargado en algunos sectores que han tenido, por su condición, que ver un impacto mayor en sus contribuciones que el que otros están cediendo para lograr como conjunto social este objetivo de solidaridad. Un agravio comparativo que contraviene los principios constitucionales más básicos, en especial el de la generalidad de las normas tributarias en diversas manifestaciones.

Desde las manifestaciones legales, que son aquellas que devienen de la normativa misma, la forma incoherente con que se otorgan y mantienen exenciones en las leyes de imposición indirecta, IVA, como las de la imposición directa, renta, son inexplicables a la luz de la necesidad que se nos propone como sociedad a la hora de enfrentar los procesos de cambio.

Este primer nivel de falta de generalidad de las leyes encuentra al menos cobijo en el propio derecho de la Constitución, que mantiene como elemento reservado a la ley la creación de tributos, sus elementos fundamentales y las exenciones que se reservan a esta esfera de la representación de las sociedades democráticas como lo son la creación de leyes en manos de los diputados.

Estos agravios comparativos, que surgen del devenir de la gestión de grupos de interés y de presión, se consideran desequilibrio en el mandato del deber de contribuir; un resultado de la dinámica misma de la democracia representativa, con todos las externalidades positivas y negativas a las que se expone el ejercicio democrático.

Debemos aspirar como sociedad a contar con leyes tributarias más generales, menos excluyentes, más equilibradas. Que midan la capacidad contributiva real y efectiva de una forma particular respecto al impuesto que se está creando, así como de la exención que se está otorgando. Un intento por materializar, desde el ejercicio legislativo, la difícil caja de equilibrios de ejercer responsablemente el poder de representación y por tanto de imposición.

En las manos del Poder Ejecutivo hay trasgresiones evidentes de los principios de generalidad y en particular, del deber de contribuir al amparo del principio de reserva material de ley, que provoca transgresiones legales a los términos de la equidad del reparto de las cargas públicas en manos de quienes tienen el deber de custodiar la norma legal y hacerla cumplir. La gestión que en este sentido se ha hecho en el último año, requiere de una profunda revisión de la calidad de las normas y su concordancia con la ley, tanto como la capacidad efectiva de lograr que se alcance las metas de recaudación necesarias en este momento.

Por supuesto, que esto requiere de un acto que, es deseable, se realice en la etapa de “escoba nueva” de las autoridades entrantes a cargo de Hacienda, para que por error de “delegación” impropia no caiga en las manos de las perversas autoridades que cometieron trasgresiones legales en contra de la ley. Esas autoridades que promulgaron reglamentos hechos a la medida, ya no del ejercicio de la democracia, sino de la pérdida de la competencia en detrimento, nuevamente, de los que no pudieron ejercer presión suficiente para obtener tratos especiales. Esperamos que esos tratos no hayan sido resultado de corrupción frontal de quienes los otorgaron, sino el resultado de causas difusas que deben ser remediadas.

Es un buen momento para que el Señor Ministro – que ha sido claro en la urgencia de ejercer las medidas que sean necesarias para aumentar la recaudación y hacer cumplir la ley – haga consulta vinculante a la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional sobre la legalidad de los reglamentos y otras disposiciones de inferior rango – peor aún – que han roto de origen las capacidades de recaudación de la Ley que está pronta a cumplir su primer año de promulgación y seis meses de entrada en vigor.

En materia de fiscalización los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente sobre la cabeza de los mismos contribuyentes, sin que se noten los necesarios esfuerzos para el combate de los defraudadores flagrantes y tradicionales, a quienes les da lo mismo que haya cambios en las normas presentándoles inclusive la morbosa oportunidad de transgredir una nueva norma.

De manera inexplicable, la Administración se mantiene en su zona de confort de perseguir siempre a los mismos. Deja por la libre a los contrabandistas y a los omisos, que son realmente quienes deben ser perseguidos y encausados. Parar la impunidad de décadas.

La recaudación incremental efectiva es una labor que requiere de inteligencia y herramientas; estas ya las tiene la Administración, de lo que carece es de la voluntad para dejar de ser el cómplice de quienes se burlan de contribuyentes y de la propia Administración Tributaria. No podemos dejar de pensar que los intereses que explican esta conducta de unos y otros solo puede devenir de turbias relaciones subterráneas que urgen de una seria intervención investigativa de quienes tienen el poder – deber de hacer que la ley no solo sea igual en su estructura, sino en su aplicación. De otra manera, de esta astenia deviene una nueva consecuencia de distorsión del sistema económico legal y formal.

Carlos Camacho Córdoba

Socio Director Grupo Camacho Internacional

[email protected]






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