Alberto Cañas

Enviar
Miércoles 2 Febrero, 2011


CHISPORROTEOS

Pocas veces he visto al periódico La Nación tan indignado como ayer, cuando pidió prácticamente a gritos la renuncia del Fiscal General Jorge Chavarría, por haber intentado, antes de hacerse cargo de ese puesto, detener o impedir una investigación importantísima sobre la manera en que se manejaron ciertos fondos que personeros de la administración Arias sostienen que no eran fondos públicos, con base en un dictamen de la Contraloría (tan válido para el caso concreto como un dictamen de la Curia Eclesiástica o de la Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense), pero sin atreverse a afirmar que fuesen fondos privados. Algo así como fondos nadando entre dos aguas.
El hecho es que ese dinero, proveniente del Banco Centroamericano (que está cogiendo una cara de cómplice que ya se la quisiera el Congreso de Nicaragua), los usó el Poder Ejecutivo, hasta para pagar (en dólares por cierto) la redacción nada menos que de un proyecto de reglamento para la Asamblea Legislativa, como si el Ejecutivo tuviera facultades para entrometerse en el régimen interno de otro Poder del Estado.

Recuerdo que el bendito banco fue anunciado por el gobierno anterior como un socio, financiador, cómplice o contratista, en la construcción de una Casa Presidencial en un terreno todavía privado que ni se había expropiado, ni había sido escogido por otra entidad que el distinguidísimo señor Presidente de la República, una de cuyas ocurrencias, y no la más pintoresca, fue esa.
El parqueo sigue en pie, nadie volvió a hablar del asunto, pero la placa que allí pusieron, que me imagino era propiedad del Estado o tal vez del Banco Centroamericano, nadie sabe qué se hizo.
El Poder Judicial, celoso de su independencia, ha acordado investigar la conducta del fiscal electo, y esa decisión le ha servido a la inefable fracción liberacionista de la Asamblea Legislativa para negarse a llevar a cabo una investigación similar o paralela, que podría a lo mejor herir la susceptibilidad de álguienes.
El hecho es que el señor Chavarría debería renunciar. En cualquier período de la historia patria (salvo en 1917-1919 y 1940-1948), lo habría hecho ya. Y los períodos de excepción que cito fueron aquellos en que hubo hermanísimos manejando la vida pública, aunque ninguno, que se sepa, con ganas de ser candidato.
A Costa Rica nunca le ha gustado que haya familias gobernando. En Latinoamérica, en las últimas décadas, les ha dado por buscar esposas, viudas y en general parientes femeninas para que alguna familia siga gobernando. Como en Costa Rica, no había esposas ni viudas, se han conformado con un hermanito…
En fin, lo importante es que el asunto se investigue. En qué se gastó la plata, a quienes se favoreció. Si lo que con ella pagaron era justo, necesario o qué. Y que de una vez por toda se eliminen esas platas gallo-gallina que sirven para inaugurar lo que ni siquiera se ha soñado en construir.

Alberto F. Cañas