Alberto Cañas

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Miércoles 12 Enero, 2011


CHISPORROTEOS

No me queda más remedio que manifestar que no comienzo este año 2011 optimistamente. No veo a mi alrededor nada que invite al optimismo. El gobierno de doña Laura, si bien es más moderado que su predecesor, parece mirar con indiferencia (si no es que con simpatía) el empeño arista de destruir la obra de José Figueres. El Consejo de Producción, el INVU, el ICE.
Ya en la primera administración arista (la que fue constitucional), el Consejo de Producción abandonó la política de comprar cosechas y ensilarlas para proteger al agricultor, y prácticamente cerró los silos. Y no prácticamente sino rotundamente, cerró los estancos donde la gente pobre se abastecía. Como habría dicho la recordada reina María Antonieta, si no hay estancos vayan al mall más cercano. Y no se nota en el gobierno de doña Laura una intención de rectificar esa barbaridad.
Para liquidar el INVU, inventaron el corrupto bono de vivienda, que a lo que se presta es a que les den casa a los que votaron por el partido político de gobierno. Y se acabaron las hermosas ciudadelas del INVU, que se construían sin tener dueño y luego se adjudicaban con seriedad a los aspirantes sin distinción de afiliación política y de acuerdo con la situación y posibilidades de cada uno. No se sabe que en el gobierno de doña Laura se haya considerado la posibilidad de resucitar el INVU, donde se siguen pagando dietas de directiva, salario de Presidente Ejecutivo, y demás gastos, sin que la obra se vea.
Ahora están muy preocupados porque las empresas extranjeras consideran que las tarifas de teléfono celular del ICE son muy bajas. El gobierno todavía no ha dicho si se va a empeñar en subirlas, pues la verdad es que si son bajas y el ICE no quiebra, eso quiere decir que son buenas. Porque de lo que se trata es de que los habitantes tengamos buenos teléfonos y buenas tarifas, y no de que ciertas empresas extranjeras exporten ganancias hechas aquí.
Llevamos muchos años de ver cómo el Estado costarricense se preocupa muchísimo por los exportadores y muy poco del resto de la población. Nadie puede oponerse a que los exportadores ganen todo el dinero que puedan, pero no es justo que se les incremente el costo de la vida a todos los habitantes de la República, para que los exportadores no vean disminuidos sus ingresos.
En toda la historia nacional no se recuerda una época (ni siquiera el período 1859-1870 dominado por los cafetaleros) en que el Estado se haya puesto tan abiertamente al servicio de una clase poderosa, sacrificando al ciudadano común.
En algunos momentos ha parecido que el gobierno de doña Laura querría rectificar algo, pero no adoptar una nueva política, que recuerde la que durante 25 o 30 años practicaron gobiernos de Liberación, del Unión Nacional y de la Unificación. Una política en suma, que fue nacional y no partidista, y que se mantuvo a lo largo de los gobiernos de la Junta Fundadora, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco José Orlich, José Joaquín Trejos y Daniel Oduber… y que Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge no pudieron mantener porque la llamada crisis del petróleo se los impidió, y los que vinieron después, pasada esa crisis, la olvidaron. Y no vengan con la cantada de que esos programas están obsoletos porque Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega y Suecia no los han abandonado.

Alberto F. Cañas