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Al arrancar un proceso inédito en la historia política costarricense, el fiscal general Carlo Díaz rechazó categóricamente que la investigación contra el presidente Rodrigo Chaves tenga tintes de persecución política.
Las declaraciones se dieron este viernes, durante el inicio de las comparecencias en la comisión legislativa especial que analiza levantar la inmunidad del mandatario para que enfrente un juicio.
Díaz aseguró que la acusación que sustenta la solicitud fue el resultado de “una investigación objetiva, como se realizaría contra cualquier ciudadano”, descartando cualquier motivación política.
“Esto no es una persecución política por parte del Ministerio Público a un miembro de los supremos poderes; esto es un control más que se establece en un sistema de división de poderes”, subrayó el fiscal.
El jerarca insistió en que el expediente contiene abundante material probatorio, incluyendo audios, documentos y testimonios, que respaldan la acusación.
“Ahí están los fundamentos, ahí está la fundamentación, está ampliamente la prueba. Hay audios, documentos, testimonios”, afirmó, aunque evitó referirse a los detalles del caso ante los diputados, para no incumplir con sus deberes.
La investigación judicial se centra en una presunta contratación “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut) durante el actual mandato presidencial, por un monto superior a los $400 mil.
Según la tesis del Ministerio Público, el presidente Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, habrían intervenido para que el empresario Christian Bulgarelli Rojas obtuviera el contrato, a cambio de que este entregara $32 mil a Federico Cruz, asesor personal y amigo del mandatario, también imputado en el caso.
