Cambiar Ley de Concesiones será prioridad de Álvarez y Castro

Si llegaran a ocupar la silla presidencial, Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional (PIN), reformarían la Ley de Concesiones para impulsar obras de infraestructura en materia portuaria, aeroportuaria y en carreteras.

Castro considera que pese a que la ley se modificó hace poco, el tema de fondo siguen siendo las expropiaciones, un cuello de botella para los inversionistas, al igual que los procesos de notificación a las partes involucradas.

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Además que se agilizarían los trámites contractuales si el Poder Ejecutivo pudiera ser más vigilante y si se eliminara la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), órgano que, desde su punto de vista, “no funciona debidamente”.

Aquí la idea sería crear una dirección ejecutiva que le reporte al Ministro de Transportes las decisiones que se tomen en esta materia.

Desanti considera que la Ley de Concesiones actual se puede mejorar siguiendo las experiencias de otros países de América Latina, principalmente Uruguay, con buenos estudios de base y condiciones claras en las licitaciones.

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También, se comprometió a proponer una ley marco de asociaciones público-privadas que contenga normas generales que puedan ser aplicadas por la entidad pública encargada del proyecto y permitir a un actor privado financiar, tramitar y recuperar los costos de las expropiaciones.

Carlos Alvarado, del PAC, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, así como Max Umaña, quien lucha por la segunda vicepresidencia por el PUSC, no consideran que se requiera un cambio en la legislación nacional para que el modelo de concesión de obra pública funcione eficientemente, al contrario, piden un Poder Ejecutivo que sea más fiscalizador y regulador.

“Existen aprendizajes importantes en la concesión de obra pública, pero también se han cometido errores de los cuales aprender. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero no condicionaré a que se apruebe una nueva legislación para concluir obras de infraestructura que el país requiere”, aseguró Alvarado.

Guevara tampoco considera que se requieran cambios a la legislación nacional porque los problemas que han surgido en algunos proyectos son de fiscalización en la operación que realiza el concesionario.

Sin embargo, sí comparte la visión de Juan Diego Castro de que es necesario eliminar la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones para darle más participación al Ministro de Transportes en la toma de decisiones.

A la fecha, Costa Rica cuenta con cinco proyectos de concesión de obra pública: el servicio del puerto de Caldera; los dos aeropuertos internacionales: Juan Santamaría y Tobías Bolaños; la Ruta 27 y la terminal portuaria de Moín.

La concesión pública pretende empaquetar en un solo contrato todas las fases a un concesionario y que ese inversionista sea el que asuma el riesgo por los años que dure el contrato. Esto quiere decir, que la empresa asume un papel activo en el servicio, mientras el Estado continúa como dueño del proyecto (es decir, no hay privatización).

Algunos ejemplos

La concesión de obra pública se aconseja para obras que tengan un alto tráfico, de manera que mediante tarifa o el peaje que se cobre se puedan recuperar los costos y el concesionario recupere su inversión, pero el Estado siempre continúa como dueño del proyecto.

Lista de proyectos

1- Aeropuerto Daniel Oduber

Plazo: 25 años

Costo: $35 millones

Concesionario: Coriport

2-Terminal de Contenedores de Moín

Plazo: 33 años

Costo: $956 millones

Concesionario: APM Terminals S.A.

3- Corredor Vial San José- Caldera Ruta 27

Plazo de la Concesión: 25 años y 6 meses

Costo: $301 millones

Concesionario: Autopistas del Sol S.A.

Fuente: CNC