“Se cierra el consejo porque no sirve, no la ley”, afirmó jerarca del MOPT

Gobierno rescatará concesión de obra pública

Nuevo instituto de infraestructura asumiría proyectos relacionados con carreteras

La concesión de obra pública será utilizada en algunas de las futuras obras que emprenderá el Gobierno.
Actualmente se trabaja en un plan que prevé el fortalecimiento de esta figura, la cual se desarrollaría dentro de una dependencia del nuevo Instituto Nacional de Infraestructura (INI), cuyo proyecto de ley se encuentra actualmente en consulta.
“Se ha demostrado que la estructura actual del Consejo no funciona de acuerdo con las necesidades que tiene el país, pero esto no quiere decir que tengamos que satanizar la figura. Lo que hay que hacer es rescatarla y hacerla más eficiente”, afirmó Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes.
En un principio, se esperaba que el borrador para la creación del nuevo instituto fusionara también al Consejo Nacional de Concesiones. Sin embargo, por la complejidad del proceso, no será posible ahora, reconoció Segnini.
Eliminar el consejo con la entrada en vigencia del INI supondría que este tendría que gestionar las concesiones que actualmente están vigentes, lo cual sería contraproducente en una etapa inicial.
Conforme se desarrolle el instituto, se le asignarán proyectos de este tipo y, eventualmente, se le trasladaría la ruta 27, cuyo contrato es administrado por Concesiones.
Demás concesiones que no estén relacionadas con transportes, como de aeropuertos o de construcción de centros penitenciarios, pasarán a ser administradas por otros ministerios.
Luego de 15 años, el Consejo ha demostrado ser poco eficiente y a la fecha, únicamente ha logrado ejecutar cinco concesiones.
Las más exitosas han sido las de Puerto Caldera, que tras nueve años ha contribuido a hacer el muelle de contenedores más eficiente y construido y equipado una nueva terminal para buques graneleros.
En cambio, la concesión San José – San Ramón fracasó luego de que el gobierno de Laura Chinchilla decidiera deponer el contrato con la empresa OAS, refrendado por la Contraloría en 2013.
En ese momento se insistió que no se utilizaría más la concesión para gestionar obra pública y que se promoverían otras figuras como los fideicomisos de obra pública.

Rodrigo Díaz
rdiaz@larepublica.net