Bebés en tubos de ensayo: sí o no
Gabriela Masis gmasis@larepublica.net | Martes 18 enero, 2011
Costa Rica debe acatar advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes del 2 de febrero
Bebés en tubos de ensayo: sí o no
Prohibir fecundación asistida costaría millones de dólares al país
La presión para que en Costa Rica se apruebe el derecho de la fecundación asistida es cada vez mayor conforme el tiempo pasa.
Esto porque el país tiene plazo hasta el 2 febrero para que permita la aplicación de ese mecanismo de reproducción, de acuerdo con la instancia hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De lo contrario, el caso sería elevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación de diez parejas costarricenses afectadas por la prohibición.
Si el país pierde el caso ante ese tribunal, deberá pagar un alto precio, porque los demandantes solicitarían al Estado que se les reconozcan el daño moral ocasionado, y los gastos incurridos por tener que ir al exterior para hacerse el tratamiento.
La probabilidad de que el Estado pierda parece alta, dado que el país acogió en 1979 la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que dice que todo hombre y mujer tienen derecho a fundar una familia.
Actualmente, los demás países de América Central, Norte y Sur autorizan este proceso. De hecho, varios países lo promocionan como parte del turismo médico, en el cual Costa Rica también pretende competir.
En Guatemala y Panamá, el costo del procedimiento básico ronda entre $3.500 y $4.500, en comparación con el precio promedio en Estados Unidos, que es de unos $13.500.
Mientras, Costa Rica prohibió el acceso a este mecanismo de reproducción, tras una resolución de la Sala IV en 2000.
Desde entonces Costa Rica dio pasos atrás en el tema, argumentó Gerardo Escalante, investigador pionero en Costa Rica en el tema.
A raíz de dicha decisión, la Comisión reprendió al país y lo exhortó a que permita a las parejas con problemas de fertilidad acudir a la aplicación de esa técnica.
Con el propósito de avanzar, el gobierno de Laura Chinchilla presentó en octubre de 2010 un proyecto de ley, que difícilmente se aprobará en el tiempo establecido, ya que aún se encuentra en discusión en la Comisión de Jurídicos.
“La única vía es que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto. El Poder Ejecutivo ya hizo su parte, ahora corresponde a los diputados tramitarlo, para avanzar en la negociación”, comentó Chinchilla.
Aparte de los elementos económicos, el tema involucra asuntos éticos.
Por un lado, los defensores del procedimiento aseguran que no viola ningún principio moral.
“La biología es incapaz de decirnos cuándo o a partir de qué momento se trata de una persona humana. Este concepto no es biológico sino filosófico y jurídico”, comentó Gerardo Trejos, abogado que representa a las parejas que demandan al Estado.
Por su parte, los opositores refutan que los científicos no reconozcan el ser humano desde que se unen el óvulo y el espermatozoide. Desde esa perspectiva se discriminan y eliminan los embriones, sin ningún remordimiento, comentó el doctor Walter Piedra, fiscal de la Asociación Costarricense de la Promoción de la Bioética.
La Iglesia Católica afirma que los informes de la Comisión atentan contra principios fundamentales de los derechos humanos.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
Bebés en tubos de ensayo: sí o no
Prohibir fecundación asistida costaría millones de dólares al país
Esto porque el país tiene plazo hasta el 2 febrero para que permita la aplicación de ese mecanismo de reproducción, de acuerdo con la instancia hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De lo contrario, el caso sería elevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación de diez parejas costarricenses afectadas por la prohibición.Si el país pierde el caso ante ese tribunal, deberá pagar un alto precio, porque los demandantes solicitarían al Estado que se les reconozcan el daño moral ocasionado, y los gastos incurridos por tener que ir al exterior para hacerse el tratamiento.
La probabilidad de que el Estado pierda parece alta, dado que el país acogió en 1979 la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que dice que todo hombre y mujer tienen derecho a fundar una familia.
Actualmente, los demás países de América Central, Norte y Sur autorizan este proceso. De hecho, varios países lo promocionan como parte del turismo médico, en el cual Costa Rica también pretende competir.
En Guatemala y Panamá, el costo del procedimiento básico ronda entre $3.500 y $4.500, en comparación con el precio promedio en Estados Unidos, que es de unos $13.500.
Mientras, Costa Rica prohibió el acceso a este mecanismo de reproducción, tras una resolución de la Sala IV en 2000.
Desde entonces Costa Rica dio pasos atrás en el tema, argumentó Gerardo Escalante, investigador pionero en Costa Rica en el tema.
A raíz de dicha decisión, la Comisión reprendió al país y lo exhortó a que permita a las parejas con problemas de fertilidad acudir a la aplicación de esa técnica.
Con el propósito de avanzar, el gobierno de Laura Chinchilla presentó en octubre de 2010 un proyecto de ley, que difícilmente se aprobará en el tiempo establecido, ya que aún se encuentra en discusión en la Comisión de Jurídicos.
“La única vía es que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto. El Poder Ejecutivo ya hizo su parte, ahora corresponde a los diputados tramitarlo, para avanzar en la negociación”, comentó Chinchilla.
Aparte de los elementos económicos, el tema involucra asuntos éticos.
Por un lado, los defensores del procedimiento aseguran que no viola ningún principio moral.
“La biología es incapaz de decirnos cuándo o a partir de qué momento se trata de una persona humana. Este concepto no es biológico sino filosófico y jurídico”, comentó Gerardo Trejos, abogado que representa a las parejas que demandan al Estado.
Por su parte, los opositores refutan que los científicos no reconozcan el ser humano desde que se unen el óvulo y el espermatozoide. Desde esa perspectiva se discriminan y eliminan los embriones, sin ningún remordimiento, comentó el doctor Walter Piedra, fiscal de la Asociación Costarricense de la Promoción de la Bioética.
La Iglesia Católica afirma que los informes de la Comisión atentan contra principios fundamentales de los derechos humanos.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net