Desmejorar las condiciones laborales de los funcionarios tras adoptar un nuevo régimen en el empleo público, es lo que se pretende al ampliar la lista de servicios esenciales, según los sindicatos.
Mientras, es vital recortar el gasto excesivo en remuneraciones, insisten el presidente Carlos Alvarado y sus aliados en el Congreso, sobre todo de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, así como de Acción Ciudadana, su propio partido.
En marzo se empezará a debatir en la Asamblea, una ley de empleo público que incluiría un salario único.
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La idea es acabar con las diferencias salariales entre las instituciones del Estado para un mismo puesto, entre otras medidas.
En cuanto a las salarios, algunos en este momento varían entre ¢3 millones para un cargo profesional y ¢800 mil para uno técnico para una labor similar, dependiendo del tipo y cantidad de incentivos, según la Contraloría.
Para evitar la confrontación de los trabajadores a la iniciativa del empleo público, el Congreso ya trabaja en la ampliación de la lista de servicios esenciales, la cual prohibiría casi todas las huelgas.
Los trabajadores que desafíen la prohibición serían castigados con el rebajo de los días no laborados, e incluso, podrían ser despedidos sin responsabilidad laboral por ausentarse del trabajo. Se pretende evitar una huelga como la del año pasado que duró 86 días.
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La reforma fiscal —que a partir del 1° de julio incluirá el cobro del Impuesto al Valor Agregado, así como las tasas mayores de Impuesto sobre la Renta— reduciría el déficit del Gobierno en poco más del 1% del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, sería casi imposible frenar el déficit crónico sin la reducción de los gastos operativos del Gobierno, de los cuales la remuneración de los funcionarios en los últimos años ha representado más del 80%.
La reforma de empleo público es un compromiso que asumió el gobierno con las bancadas de oposición de Liberación y el PUSC, a cambio de sus votos para el paquete fiscal que se aprobó en octubre del año pasado.
El proyecto de ley de huelga en servicios públicos esenciales, que ampliaría el listado de los sectores esenciales, está pronto a ser dictaminado y así pasar al plenario para primer debate.
Se estima que la ley cuenta con al apoyo de unos 33 diputados.
Preocupados
Una ley de empleo público que incluya un salario único para todos los burócratas y el
debilitamiento y venta de las instituciones, es lo que temen los sindicalistas, como consecuencia del
proyecto que declararía ilegal la huelga en servicios públicos esenciales.
Roblin Apú
Secretario
APSE
La educación no es un servicio público esencial, porque si esta se interrumpe, no se
pone en riesgo la vida de ninguna persona.
Pienso que la idea de los legisladores de incluir este servicio en la lista, es una acción visceral, que
surge como consecuencia de la huelga del año pasado.
Lo que pretenden el gobierno y los diputados es evitar que en el futuro el Magisterio pueda irse a huelga y
así, impulsar una serie de cambios como la ley de empleo público.
Manuel Hernández
Asesor legal
Undeca
Se trata de un proyecto abolicionista del derecho a la huelga. No buscan ordenarlas,
sino prohibirlas.
Es un proyecto regresivo, un proyecto que viene a desmantelar la cláusula social y a desmantelar la
libertad sindical que está establecida en nuestra Constitución.
Los servicios esenciales pueden garantizar un mínimo de atención para evitar que se ponga en riesgo la vida
de las personas, pero no se debe prohibir la huelga.
Teodoro Sáenz
Secretario general
Sindicato Recope
Discrepamos totalmente en la concepción antidemocrática de cómo se impulsa este tipo de
proyectos que nos enfilan erróneamente a una democracia con características que distan de la verdadera
democracia y dejan en libertad y sin obstáculos en el camino a la transformación del Estado social de
derecho. La iniciativa también surge como una reacción de algunos actores a las últimas manifestaciones
patrióticas en contra de los impuestos.
Albino Vargas
Secretario
ANEP
Este proyecto es una arremetida, una venganza cargada de odio en contra de la clase
trabajadora por la huelga del año pasado.
Se trata de una iniciativa liquidacionista de la actividad sindical, cuyo objetivo es acallar una de las
pocas voces de resistencia en el país.
Si esta iniciativa se aprueba, será una salida de facto de la OIT, ya que no respeta el derecho de los
trabajadores a huelga y declara todo, como un servicio público esencial.
Es la antesala a transformaciones en empleo público y depredación de instituciones.
Servicios esenciales
Para efectos del proyecto de ley de huelga de servicios públicos esenciales, los legisladores definieron varios sectores que no podrían verse interrumpidos, al poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas.
- Educación pública
- Salud
- Seguridad pública
- Suministro de medicamentos
- Servicio de agua potable
- Recolección de basura
- Suministro y comercialización de alimentos
- Protección y atención del menor, el anciano y el desvalido
- Suministro eléctrico o de combustibles
- Transporte público en cualquier modalidad
- Carga y descarga en muelle
Top 15
Estos son los montos pagados en las 15 instituciones estatales de mayor compensación (cifras del salario promedio anual en millones de colones según la Contraloría General).
| Institución | Salario |
|---|
| Supen | 35 |
| Banco Central | 34 |
| Sugeval | 34 |
| Sugef | 33 |
| Sutel | 32 |
| ICT | 32 |
| Aresep | 30 |
| Defensoría | 29 |
| Asamblea | 28 |
| Comex | 28 |
| Poder Judicial | 27 |
| Recope | 27 |
| Contraloría | 26 |
| ICE | 26 |
| Japdeva | 25 |
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