ARROZ: SEGURO O BARATO

Precio actual del grano para los consumidores sigue alto

ARROZ: SEGURO O BARATO

Libre comercio con Estados Unidos obligará al país a tomar una dura decisión

Se enfrenta Costa Rica a dos cuestiones críticas en relación con la forma en que produce, importa y consume el arroz.

La primera implica la creación de un mecanismo eficaz para la fijación de precios, que los costarricenses pagan por su gallo pinto.

El problema más grande y más difícil es permitir o no que la producción del arroz nacional desaparezca, y que dependamos exclusivamente de las importaciones.

En lo que al mecanismo actual de fijación de precios se refiere, cuatro millones de consumidores actualmente pagan demasiado por este grano, para que un millar de agricultores obtengan grandes beneficios.

La razón principal de esto es que en 2008, el gobierno fijó el precio mínimo que reciben los productores, en alrededor de ¢488 por kilo (el precio corresponde al arroz de un 80% grano entero —el tipo consumido normalmente por casi tres cuartos de los costarricenses— descascarado, limpio y seco).

Este monto se calculó utilizando una fórmula que toma en cuenta los distintos costos de producción, incluidos los insumos tales como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, así como el combustible necesario para llevar el arroz en granza a la fábrica.

También se incluyó un margen de utilidad, que se suponía fuera de un 15% al 20%.

Estos costos se han reducido significativamente, desde que se hizo el cálculo.

Pero el precio pagado a los agricultores ha permanecido igual.

El resultado es que varios productores ganan márgenes de hasta el 30% por un negocio que no tiene riesgo.

Mientras tanto, los consumidores pagan más de lo debido para el arroz.

Por ahora, la solución más fácil es actualizar el sistema, a fin de reducir el precio, y crear incentivos para los productores eficientes.

Un asunto más importante aún consiste en que si Costa Rica debe seguir subsidiando o no a los agricultores locales en el largo plazo, o dejar que la producción desaparezca, y que se base exclusivamente en el arroz importado.

La pregunta es difícil, porque las respuestas dependen de muchos factores impredecibles.

Mientras tanto, una cosa es cierta.

A partir de 2012, los mayoristas y minoristas costarricenses podrán —en el marco de Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos— importar el arroz norteamericano, con aranceles que bajarán constantemente, hasta que desaparezcan en 2030.

En la actualidad, ellos pueden importar hasta 61 mil toneladas libres de impuestos.

Estas importaciones no representan un problema para los productores locales, que este año solo proveerán unas 250 mil toneladas, mientras que el mercado consume alrededor de 320 mil toneladas.

Las importaciones por encima de esas 61 mil toneladas pagan un arancel del 35%, lo que las hace poco competitivas.

Pero conforme esas tarifas caigan paulatinamente, cada año habrá más disponibilidad de arroz norteamericano barato.

Dado que el precio del grano importado casi siempre ha sido menor que el nacional, es probable que en pocos años comience el desplazamiento de la producción local.

En estas circunstancias, Costa Rica tiene dos opciones: dejar morir el cultivo y suplirse de la importación, mientras que corre el riesgo de la escasez, o garantizar el aprovisionamiento local, mediante subvenciones a la producción, lo cual tiene un costo.

El argumento a favor de la protección del sector arrocero es el siguiente.

Costa Rica tiene que subsidiar la producción local, a cambio de un compromiso por parte de los productores de satisfacer la demanda nacional, en caso de escasez.

El arroz norteamericano es barato, porque el gobierno de Estados Unidos subvenciona su cultivo.

Sin embargo, esos subsidios pueden terminar en cualquier momento.

Si se suprimen, el costo de importación del arroz se incrementará, hasta el punto de que Costa Rica no habrá ganado nada si deja morir la producción local.

La desaparición del cultivo del arroz en este país significa que miles de familias experimentarán una lenta y difícil transición a nuevos puestos de trabajo.

Lo que es peor, una escasez mundial —que puede ocurrir en cualquier momento— dejaría a Costa Rica sin su alimento más importante.

Por otro lado, la tesis a favor de un mercado abierto dice que los agricultores estadounidenses han estado recibiendo subvenciones de una forma u otra desde 1933, por eso es poco probable que la situación cambie.

En cuanto a la escasez, nunca ha habido un momento en los últimos 50 años, en que para Costa Rica fuera imposible importar la cantidad de arroz suficiente para alimentar a toda la población.

Si este país dejara de producir el arroz, se podrían eliminar los aranceles cobrados a las importaciones procedentes de cualquier país, lo que permitiría a los costarricenses comprar el grano a precios competitivos de Brasil, Uruguay, Vietnam y otros grandes productores.

En este caso, la protección del sector arrocero local sería un mecanismo de defensa innecesario, que cuesta millones de dólares a los consumidores cada año.

Además, el concepto de un sistema de apoyo, garantizado de por vida, terminará enriqueciendo a unos pocos intereses poderosos, que compran los derechos de los pequeños agricultores para recibir subvenciones.

Al final, es difícil saber cuál argumento es el más fuerte, ya que nadie puede predecir los factores involucrados.

Si el arroz importado estuviera disponible en cantidades significativas a precios bajos durante un largo periodo, el costo de proteger la producción local sería enorme.

Por otra parte, nadie puede decir con certeza que el mundo no llegará a algún punto en que experimente escasez del grano.

Llegar a una decisión no es fácil.

Pero Costa Rica pronto tendrá que tomarla.

Fred Blaser

fredblaser@larepublica.net