Arroceros piden prohibir importaciones
Ante esta polémica, el gobierno debe definir la situación del sector. Sin embargo su posición ha sido la de posponer las de...
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Alegan amenaza a producción nacional
Arroceros piden prohibir importaciones
Medidas proteccionistas afectan al consumidor
Resumen Ejecutivo
Esta administración deberá decidir si continúa con las políticas proteccionistas o si elimina la fijación del precio y permite la libre importación del grano. El gobierno por ahora ha pospuesto todas las decisiones que afectan al sector.
Sin estos incentivos la producción arrocera nacional se extinguiría, advierten los productores. Mientras tanto otros argumentan que la gran mayoría de estos serían rentables aún sin estos beneficios y que el gobierno puede asistir a los pequeños a migrar a otra actividad productiva.
Prohibir la importación de arroz del Cono Sur es la petición que han hecho los productores al gobierno.
La entrada de arroz barato proveniente de Argentina, Uruguay y Brasil es dañina para la producción nacional, argumenta el sector.
Para hacer efectiva esta prohibición se requería la imposición de una salvaguardia por parte del gobierno.
Diversos analistas se oponen a esta medida y por el contrario abogan por eliminar la fijación de precios vigente y permitir la libre importación del grano para reducir el precio al consumidor.
Ante esta polémica, el gobierno debe definir la situación del sector. Sin embargo su posición ha sido la de posponer las decisiones tanto para el caso de la salvaguardia como de la fijación de precios.
El gobierno requiere más información para tomar una decisión, por tanto se amplió por cuatro meses el plazo de estudio manifestó Welmer Ramos, ministro de Economía.
Por otra parte, José Joaquín Salazar, viceministro de Agricultura dijo:
“Hay que analizar mucha información, lleva todo un análisis, la decisión no es tan sencilla. Es un asunto muy técnico. Siempre estamos dispuestos a proteger con todas las herramientas que nos dé la ley la producción nacional”.
Sin embargo muchos consideran que no solo debe velarse por los intereses de los productores sino también de todos los consumidores.
“Garantizar un precio asequible debería ser prioridad del gobierno, pues el arroz es el principal alimento del costarricense. El arroz en Costa Rica es caro, pero lo paradójico es que el estado interviene para encarecerlo, no para abaratarlo”, afirmó Alberto Trejos, ex ministro de Comercio Exterior.
Existen dos mecanismos para proteger al productor nacional que se conjugan para que los costarricenses paguemos uno de los precios más altos a nivel mundial por este producto según datos de la FAO.
Primero el precio es fijado por una fórmula para garantizar la rentabilidad del productor nacional.
Por otro lado las importaciones libres del grano solo pueden ser realizadas por los grandes arroceros nacionales bajo un régimen especial. Cualquier otra persona o empresa que quiera importar arroz deberá pagar un arancel del 35%.
A pesar de que los productores nieguen que estos incentivos constituyan un subsidio, la OMC sí los considera así, y los prohíbe explícitamente.
Este incumplimiento a las normativas internacionales abre la posibilidad de que algún país que se considere afectado nos denuncie y nos exponga a una sanción comercial.
Uno de los mayores argumentos para mantener las protecciones es que existe un grupo de pequeños productores de arroz que dependen de las mismas. Se trata de aproximadamente 800 familias que producen el grano a pequeña escala, quienes producen menos del 20% del arroz del país y por tanto reciben una porción muy pequeña de los beneficios. El resto del subsidio va a medianos y grandes productores.
Si el gobierno eliminara las condiciones actuales estas familias deberán migrar a otra actividad productiva porque dejarían de ser rentables. El estado facilitaría este proceso brindándoles capacitación, crédito y tierras para que el impacto social sea mínimo.
Sin embargo, los productores arroceros advierten que si se eliminan las medidas de protección se extinguiría la producción arrocera nacional, pues la actividad dejaría de ser rentable.
“El caso del frijol en Costa Rica es ejemplar, en los últimos diez años se destruyó la producción nacional por falta de apoyo estatal” sostiene Fabio Chaves, arrocero nacional.
Muchas de estas empresas serían rentables aún sin el subsidio,
argumentan algunos economistas. La distorsión afecta el crecimiento de otros sectores que tienen la posibilidad de ser competitivos al generar un incentivo que garantiza una rentabilidad artificial lo que eleva el número de productores ineficientes.
Natalia Chaves
nchaves@larepublica.net
@La_Republica
