Anualidad a burócratas se pagaría al cumplir metas
“El PLN ha puesto como condición al debate de los nuevos tributos la contención de gasto”, dijo Sandra Piszk, diputada del PLN. Esteban Monge/La República
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En un futuro cercano, los empleados públicos solo se harían acreedores al pago del incentivo de la anualidad, si la institución para la que trabajan cumple las metas establecidas en el año, en vez de ser un plus salarial que se otorga de manera automática como sucede hoy día.

El objetivo es promover un mejor servicio por parte de las instituciones del Estado, mientras que al mismo tiempo, el Gobierno tendría la posibilidad de recortar el gasto público anualmente. 

La propuesta es defendida por la bancada de Liberación Nacional, que ha presionado al mandatario Luis Guillermo Solís para discutir el impacto de los pluses salariales en la función pública.

Paralelamente, los verdiblancos creen que los burócratas deben ser evaluados de manera individual, con el objetivo de no cometer injusticias, pero también con la intención de no brindar el incentivo de manera general. En ese sentido, solo aquellos que obtengan una ponderación de “excelente o muy bueno” tendrían derecho al pago adicional. 

De esta forma, si una institución como el MOPT incumple los plazos en cuanto al desarrollo de obra de infraestructura, por razones exclusivamente internas, sus empleados dejarían de percibir el incentivo, lo mismo pasaría con los trabajadores del MEP, o bien con el ICE, las universidades o los municipios.

La idea es eliminar el gran ámbito de discrecionalidad que rige hoy día.

El debate sobre las anualidades en el sector público y otros pluses salariales como la dedicación exclusiva y la disponibilidad, están de nuevo sobre la mesa desde la semana pasada, cuando el mandatario alertó que el país tendría problemas de liquidez para 2018, por lo que el Gobierno pediría dinero en el extranjero y no habrá crecimiento en el presupuesto.

 

“El PLN ha puesto como condición al debate de los nuevos tributos la contención del gasto. Creo que durante agosto, el Gobierno podría negociar una ley de empleo público. No necesariamente tiene que ser nuestro proyecto, pero sí debe contener algunos elementos que defendemos, como el desarrollo de un nuevo sistema de calificación, para que no se otorgue el plus de la anualidad de manera automática”, aseveró Sandra Piszk, diputada del PLN, quien señaló que el Gobierno debe liderar este proceso.

Por su parte, la bancada oficialista del PAC estaría dispuesta a analizar estos temas, antes de discutir la aprobación de nuevos tributos como el IVA y la renta, siempre y cuando Liberación Nacional se comprometa a validar nuevos gravámenes.

La propuesta que se debate en la Asamblea Legislativa no solo incluye a los funcionarios del Gobierno central, sino también a los empleados de las instituciones autónomas, municipalidades y universidades.

En varias ocasiones, Carlos Alvarado, candidato y nuevo líder del Partido Acción Ciudadana, ha señalado su interés en debatir sobre los pluses salariales, pero con el objetivo de mejorar la gestión del Gobierno.

“El debate no debe ser fiscalista, no debe ser solo el recorte de anualidades y otros pluses, sino cómo hacemos el sector público más eficiente, sobre todo cuando ya se comprobó que el déficit fiscal no se resolverá por esta vía, y solo lanzaría una señal política, ya que no resuelve la eficiencia del sector público y podría desmotivar a los empleados y generar conflictos sociales. El proyecto debería evaluarse y dar incentivos por resultados y no por antigüedad”, aseveró Alvarado a LA REPÚBLICA.

Las anualidades que se pagan a los empleados del Gobierno central están fuera de control, ya que en los últimos 11 años han aumentado un 58% más que los salarios.

Para 2017, cada burócrata recibirá en promedio unos ¢2 millones anuales por este plus, de acuerdo con el presupuesto. En comparación, el valor de la anualidad para 2006 era en promedio de ¢950 mil, una vez descontada la inflación.

Se trata de un incremento promedio durante ese lapso de un 114% por empleado, mientras los salarios crecieron solo el 72%, en términos reales.

El impacto de las anualidades en las finanzas públicas también es grande, ya que el tamaño de la fuerza laboral del Gobierno ha crecido.

El valor total de este beneficio asciende a ¢281 mil millones para este año, lo cual representa un incremento del 184% desde 2006. Entretanto, el monto de los salarios creció solo un 129%
 

 

Mayor velocidad
Las anualidades que se pagan en el Gobierno aumentaron a un ritmo del 58% mayor que el salario en los últimos 11 años (cifras para todo el año en millones de colones corrientes 2016 para salario base y anualidad, aumento en porcentaje). 

Año Salario Anualidad
2006 4,10 0,95
2007 4,40 0,97
2008 4,30 0,95
2009 5,94 1,08
2010 5,84 1,31
2011 6,31 1,50
2012 6,21 1,52
2013 6,33 1,67
2014 6,40 1,65
2015 6,64 1,98
2016 7,07 2,03
2017 7,06 2,02
Crecimiento % 72 114
Fuente  Ministerio de Hacienda  

 

 

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