Aduana de Caldera tendrá nueva sede
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 27 julio, 2010
Aduana de Caldera tendrá nueva sede
El departamento de aduana ubicado en el puerto de Caldera, en Puntarenas, tendrá nuevas instalaciones.
Ello porque los magistrados constitucionales le ordenaron ayer a Fernando Herrero, ministro de Hacienda, mejorar las condiciones de salud en esta sede.
Como respuesta, en Hacienda dijeron que desde hace algún tiempo trabajan en la búsqueda de una solución al problema.
La resolución del órgano constitucional se dio luego de que el sindicato de trabajadores públicos cuestionara que la sede de aduanas no ofrecía las condiciones mínimas para los colaboradores.
Este hecho fue confirmado en una evaluación que realizó el Area Rectora de Salud de Esparza (del Ministerio de Salud) el 10 de febrero pasado.
Este último ente comprobó las denuncias presentadas y estableció un plazo a la gerencia aduanera para que se tomaran medidas y solucionara la problemática, pero hasta la fecha no se han realizado las acciones.
Los trabajadores alegan que debieron recurrir hasta la Sala Constitucional debido a que las autoridades de Hacienda no atendieron la sugerencia del Ministerio de Salud.
Sin embargo, en el Ministerio niegan estas acusaciones al afirmar que desde el año pasado han venido realizando diversas reuniones de coordinación en las que han valorado tres opciones: la remodelación de las instalaciones actuales, la construcción de nuevas oficinas y el alquiler de un edificio.
Debido a la urgencia que tiene para resolver el problema, Hacienda comunicó que ejecutará la tercera propuesta seleccionada de manera que no se afecten las operaciones de la Aduana ni los requerimientos de los usuarios, según un comunicado del Ministerio.
En este momento se está a la espera de una oferta para el alquiler del edificio seleccionado que se contratará bajo el principio de excepción. Mientras tanto, los trámites necesarios pueden durar hasta finales del año.
El tribunal constitucional advirtió a las autoridades que de no acatar lo dispuesto en esta resolución, se exponen a una sanción de tres meses a dos años de prisión o al pago de 20 a 60 días multa, por el delito de desobediencia, indica un comunicado de la Sala IV.
Este hecho se da en medio de la vista al país de Sergio Mujica, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas.
Angélica Zamora
azamora@larepublica.net
El departamento de aduana ubicado en el puerto de Caldera, en Puntarenas, tendrá nuevas instalaciones.
Ello porque los magistrados constitucionales le ordenaron ayer a Fernando Herrero, ministro de Hacienda, mejorar las condiciones de salud en esta sede.
Como respuesta, en Hacienda dijeron que desde hace algún tiempo trabajan en la búsqueda de una solución al problema.
La resolución del órgano constitucional se dio luego de que el sindicato de trabajadores públicos cuestionara que la sede de aduanas no ofrecía las condiciones mínimas para los colaboradores.
Este hecho fue confirmado en una evaluación que realizó el Area Rectora de Salud de Esparza (del Ministerio de Salud) el 10 de febrero pasado.
Este último ente comprobó las denuncias presentadas y estableció un plazo a la gerencia aduanera para que se tomaran medidas y solucionara la problemática, pero hasta la fecha no se han realizado las acciones.
Los trabajadores alegan que debieron recurrir hasta la Sala Constitucional debido a que las autoridades de Hacienda no atendieron la sugerencia del Ministerio de Salud.
Sin embargo, en el Ministerio niegan estas acusaciones al afirmar que desde el año pasado han venido realizando diversas reuniones de coordinación en las que han valorado tres opciones: la remodelación de las instalaciones actuales, la construcción de nuevas oficinas y el alquiler de un edificio.
Debido a la urgencia que tiene para resolver el problema, Hacienda comunicó que ejecutará la tercera propuesta seleccionada de manera que no se afecten las operaciones de la Aduana ni los requerimientos de los usuarios, según un comunicado del Ministerio.
En este momento se está a la espera de una oferta para el alquiler del edificio seleccionado que se contratará bajo el principio de excepción. Mientras tanto, los trámites necesarios pueden durar hasta finales del año.
El tribunal constitucional advirtió a las autoridades que de no acatar lo dispuesto en esta resolución, se exponen a una sanción de tres meses a dos años de prisión o al pago de 20 a 60 días multa, por el delito de desobediencia, indica un comunicado de la Sala IV.
Este hecho se da en medio de la vista al país de Sergio Mujica, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas.
Angélica Zamora
azamora@larepublica.net