Acuerdan los jefes de fracción impulsar cuatro proyectos de seguridad de Rodrigo Chaves
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Jueves 05 octubre, 2023 04:32 p. m.
Priorizar los proyectos de ley de seguridad que presentó el gobierno de Rodrigo Chaves es el acuerdo que tomaron los jefes de fracción, ante la crisis de violencia que afecta al país.
El consenso incluyó que se avance en el Plenario en la discusión de cuatro proyectos: la reforma al Código Procesal Penal para fomentar la eficiencia en el levantamiento de cadáveres, a la ley de tránsito para evitar la rotulación de vehículos oficiales por motivos de seguridad, la reforma a la ley IVA, para exonerar al OIJ.
Además, la reforma a la ley de Telecomunicaciones relacionadas con los bloqueos de las señales de comunicaciones.
Esta priorización se da luego de que asesinaran a un agente judicial en Curridabat, identificado como Jeiner Gómez, quien tenía 42 años y nueve de ser parte del OIJ, tres de ellos en Interpol.
Lea más: Limón tiene una tasa de homicidios mayor a México y se ubica en top 3 de lugares peligrosos
El suceso motivó al presidente Rodrigo Chaves a reiterar el llamado a los diputados para que aprueben los cinco proyectos de ley para combatir la guerra entre bandas de crimen organizado.
“Es hora de que el Congreso le brinde al país herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo y que avancen los cinco proyectos de ley que se presentaron desde abril de este año”, destacó.
El mandatario se sumó a las palabras que emitiera Randall Zúñiga, director del OIJ, quien dijo que la violencia se debe parar.
“Las fracciones tienen diferentes inquietudes busquemos el espacio donde podamos ver las opciones que hay en la corriente legislativa y empezar a priorizar para avanzar más rápido”, destacó Pilar Cisneros, diputada oficialista.
Las medidas
Estas son las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Chaves
Límite al otorgamiento de medidas cautelares
Se trata de limitar el otorgamiento de medidas cautelares únicamente para delitos que tengan penas inferiores a los cuatro años de prisión.
En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.
De esta manera, violadores y personas con antecedentes penales de narcotráfico, crimen organizado y asesinos o sicarios no podrán salir de la cárcel con medidas cautelares.
Sicarios y menores de edad
En este caso, se trata de adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada.
ñ[_La idea es que la justicia pueda atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan personas menores de edad, además de ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando aquellos delitos considerados graves, e incluir como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad 'represente un peligro para la sociedad.
Intervención de comunicaciones
Se autoriza la intervención telefónica para los delitos de homicidio simple y femicidio; asimismo, se propone que la Fiscalía General pueda solicitar la intervención de comunicaciones.
Además, amplía el plazo de la intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año de intervención.
Mayores sanciones para el uso de armas
La idea es establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas aquellos casos en los que la persona posea o porte un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero y que haya sido reportada como extraviada o sustraída.
Por otra parte, la pena aumentará cuando esa arma haya sido utilizada para la comisión de un ilícito penal o se enmarque dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.
Extradición de costarricenses
Es una reforma a la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
