Aborto debe ser gratuito y libre de criminalización penal y social, según organizaciones feministas

El aborto debe ser gratuito y libre de criminalización penal y social, es el llamado que hacen organizaciones feministas a los países que aún restringen esta práctica, en el marco del “Día de Acción Global por un Aborto Seguro y Gratuito” celebrado cada 28 de septiembre con el objetivo de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“En Costa Rica solo es legal abortar cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer y cuando este no se pudo evitar por otros medios y tiene que ser practicado con consentimiento de la mujer, por un médico autorizado a lo que se le conoce como aborto terapéutico”, dijo Fernanda Díaz, subdirectora de Incidencia de Ipas, organización que promueve la justicia reproductiva de la mujer y el aborto.

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En ese sentido, el aborto no es legal en casos de violación o incesto, malformaciones del feto incompatibles con la vida y razones económicas.

Al mismo caso se suman otros países como Guatemala, Panamá, Chile y Ecuador que permiten el acceso al servicio sólo bajo determinadas circunstancias y castigan social y penalmente la decisión libre de la interrupción del embarazo.

LA REPÚBLICA conversó con Larissa Arroyo, abogada feminista, sobre los retos que tiene Costa Rica para garantizar la despenalización y legalización del aborto seguro y gratuito para todas las mujeres gestantes, en función del derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos.

Y es que, entre los retos para alcanzar la despenalización del aborto está luchar contra el estigma que consiste en creencias negativas y trato humillante de una persona, o un grupo de personas.

“También es necesario entender que esto es una necesidad, en relación con la salud de las mujeres con capacidad para gestar y que, por lo tanto, no es posible sostener esa visión negativa, sino que por el contrario justamente el Estado debería tener la posibilidad de plantear un ambiente seguro para todas”, comentó Arroyo.

Asimismo, la eliminación de obstáculos normativos innecesarios y de la ignorancia social sobre la parte jurídica o técnico médica, facilitaría el acceso al aborto seguro.

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Otro de los obstáculos que no tiene que ver con el desconocimiento de la parte normativa es la política, que ha sido una moneda de cambio en el contexto de las elecciones presidenciales y se ha convertido en una especie de manipulación descartando incluso otros aspectos importantes en relación con el derecho a la salud gratuita de las mujeres cuando se trata de un aborto, considera Arroyo.

Por otra parte, fortalecer la educación y reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres abrirían una puerta a su legalización.

“La salud reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, implica la capacidad de las personas de gozar de una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, así como la facultad de decidir de manera libre si tener o no hijos”, comentó Liliana Caballero Gómez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Además, se incluye el derecho a recibir información y servicios adecuados que permitan prevenir embarazos no planeados, proteger de infecciones de transmisión sexual, garantizar los cuidados durante el embarazo, parto y la atención de sus complicaciones asociadas.

Desde 2020 Latinoamérica ha registrado avances importantes en materia de aborto, gracias a la incidencia de movimientos feministas en la región que posiciona la interrupción del embarazo como un asunto de derechos humanos y un servicio de salud reproductiva que debe estar garantizado por los Estados, concluyó Caballero.