Pobreza y narcotráfico

Pobreza y narcotráfico

Unir las palabras pobreza y narcotráfico puede resultar absurdo: el tráfico de drogas genera grandes ganancias económicas.

El negocio de sustancias ilícitas, como cualquier estructura de poder económico, provee de enormes ingresos a sus capos y, de ahí hacia abajo, los dividendos van disminuyendo hasta llegar al mínimo de subsistencia para los empleados rasos.

Desde hace cuatro décadas Costa Rica ha sufrido la invasión progresiva de los carteles mexicanos. Aunque en la década de los 80 los grandes traficantes del mundo eran los capos de Medellín y Cali, en 1985 fue capturado en nuestro país uno de los primeros y más famosos traficantes de México, Rafael Caro Quintero. Considerando que tenía cuatro propiedades en Costa Rica valoradas en casi $2 millones, joyas, carros de lujo y varios miles de dólares en efectivo y que había hecho grandes inversiones en nuestro país, no cabe duda que más de un nacional estuvo cerca de él y usufructuó de su fortuna.

Como todo lo que sucede en Costa Rica, el gran escándalo se olvidó. Y aunque los ciudadanos inocentes tal vez creímos que se trataba de un hecho aislado, las autoridades del gobierno sabían que la presencia del Capo mexicano era una advertencia de lo vendría después. ¿Hubo desidia? ¿Incapacidad? ¿Colaboración?

Hoy por hoy tenemos ejecuciones casi a diario, secuestros y evidente lavado de dinero.

Paralelo a este fenómeno, en aquella lejana década de los 80, la pobreza se empezó a convertir en miseria. Los ciudadanos conscientes empezamos a darnos cuenta de este proceso y tanto el gobierno de entonces como los que lo sucedieron, seguramente tenían informes concretos del deterioro económico de una gran parte de la población.

Hicieron poco y nada, como poco y nada han hecho por los indígenas costarricenses, habitantes originales de esta región. Estos ciudadanos de última categoría, olvidados y pobres, han encontrado, en la propuesta de los narcotraficantes, una posibilidad de subsistencia: trabajar en un cultivo rentable y de fácil manejo a cambio de sus necesidades básicas.

¿Qué puede haber de ilegal, ante los ojos de un cabeza de familia, en cuidar un cultivo? Y si son conscientes de la ilegalidad, ¿qué otra opción económica tienen? ¿Por qué deberían responder a una legislación que poco los han favorecido? ¿Cuánto les ha costado obtener cédula, seguro social, educación, mejores condiciones de vida?

Muchos indígenas por su esfuerzo, dedicación y situaciones que, a veces, tienen que ver con la suerte, han logrado defender su identidad y ubicarse en el mapa social y económico de nuestro país.

Para otros es muy difícil. Al igual que tantas mujeres, jefes de familia, que en los barrios más pobres venden drogas en pequeña escala para buscar un mejor sustento, los indígenas que viven de la siembra de marihuana son víctimas, no victimarios. Víctimas de un sistema que permitió que la pobreza se convirtiera en miseria.

Es muy fácil condenar a unos y a otras desde un lugar donde mucho, casi todo o todo, está resuelto.

Claudia Barrionuevo

claudia@barrionuevoyasociados.com