“Plazo promedio para resolver un caso ambiental es de tres años”
Siete años después de haber asumido la presidencia del Tribunal Ambiental Administrativo, José Lino Chaves hace un balance ...
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Presidente del Tribunal Ambiental admite que no se logra justicia pronta y efectiva
“Plazo promedio para resolver un caso ambiental es de tres años”
Se ha logrado prevenir desastres ecológicos en costas y humedales
Siete años después de haber asumido la presidencia del Tribunal Ambiental Administrativo, José Lino Chaves hace un balance de los logros alcanzados y las tareas pendientes.
Parte del éxito se debe al papel activo que ha asumido la institución, al iniciar investigaciones por iniciativa propia y no limitarse a las denuncias recibidas.
Sin embargo, por falta de recursos y compromiso de otras instituciones, en materia ambiental no se cumple el principio de justicia pronta y cumplida, reconoce el juez.
¿Cuáles son las funciones del Tribunal Ambiental?
La función principal es la sanción del daño ambiental de tipo administrativo, desde la simple amonestación, hasta cancelación de licencias, permisos ambientales, patentes municipales, paralización o derribo de construcciones.
Primero, se ordena la mitigación y reparación en el sitio del daño ambiental, así como una compensación social que el denunciado debe pagarle al Estado.
El Tribunal no solo recibe denuncias sino que también tiene facultad de oficio, que le permite abrir expedientes.
Esa facultad se utilizó mucho en 2009 y 2010, años en los que hubo mucho daño ambiental, especialmente en las áreas costeras y en los grandes humedales del norte.
Impulsamos un programa de barridas ambientales que ha permitido detectar y detener el daño ambiental antes de que sea irremediable.
¿Cuáles han sido los principales logros del Tribunal?
A pesar de ser una institución muy pequeña en cuanto a personal y presupuesto, hemos podido parar el daño ambiental principalmente en zonas costeras y manglares.
Hemos evitado desastres ecológicos, como la devastación de 400 hectáreas de manglar solo en Puntarenas.
También hemos sido exitosos en frenar la contaminación de acuíferos de las empresas agrícolas exportadoras.
Muchas de las empresas del sector piñero ya tienen plantas de tratamiento, gracias a una fuerte intervención del Tribunal Ambiental. Pero evidentemente nos falta mucho.
¿Es este Tribunal la primera instancia a la que debe recurrir un ciudadano para denunciar un daño ambiental?
Hay varias instancias, pero la gente no recurre a ellas. Por ejemplo, si es un tema forestal, la primera instancia debería ser el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
A nosotros nos pasó algo similar a la Sala Constitucional, que cuando inició con mucha fuerza la atiborraron de expedientes y tenía que ver todo.
La diferencia es que la Sala sí tiene recursos y amplió su personal, mientras que en el Tribunal no hay manera de incrementar el personal.
Por la cantidad de expedientes que tiene y por la magnitud de daño ambiental en el país, no estamos cumpliendo con el principio de justicia pronta y cumplida.
Actualmente tenemos 3.400 expedientes activos y recibimos cerca de 400 denuncias anuales. El personal se limita a 21 personas, lo que hace que sea difícil atender tantos expedientes con la prontitud que uno quisiera.
El plazo promedio para resolver un caso es de tres años.
¿Cuál debería ser el plazo para resolver un caso?
Deberíamos estar resolviendo cada caso en un año, pero dependemos de las valoraciones económicas que hacen funcionarios externos al Tribunal, como el Sinac y la Dirección de Aguas.
En el caso de las valoraciones hídricas, no hay nadie que las haga, por lo que tenemos 40 expedientes o más parados en esta materia.
¿Cómo hacer para que la sanción ambiental sea pronta y efectiva?
El Tribunal era una institución de avanzada cuando se creó. La experiencia costarricense ha sido tan exitosa que incluso otros países la han copiado.
Al Tribunal le faltan herramientas para crecer, tales como autonomía presupuestaria, actualmente depende del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
En cuanto a personal, una recomendación sería aumentar de tres a cinco jueces ambientales.
También se debe permitir al Tribunal embargar propiedades.
Otra iniciativa es la creación de un fondo de remediación ambiental que permita al Estado reparar y mitigar, aun cuando la empresa infractora se niegue, luego se le cobra a la infractora los gastos en los que se haya incurrido.
¿Cómo lograr la autonomía presupuestaria?
Convirtiéndolo en una institución autónoma o con personería jurídica instrumental, en este caso, permanecería adscrito al Minae.
Natalia Chaves
nchaves@larepublica.net
@nataliachavesb
