Cuando se cree que la lucha contra la corrupción es la acción fundamental del Estado, esta no solo está relacionada con la sustracción de bienes

“Peanut…”

El nombramiento del nuevo director de Tránsito podría haber pasado en silencio, aun con los antecedentes del designado, de no ser por la respuesta del ministro Segnini ante la pregunta de la prensa, por esos antecedentes.
Investigado, sancionado por comprobársele conducta de hostigamiento contra una superior, en el pasado, fue justificado en su conducta reprochable, por el actual jerarca del MOPT.
Decir que no fue por corrupción, ni ningún acto delictivo en sus funciones anteriores que se le sancionó, no solo evidencia la poca sensibilidad que tiene para los casos de hostigamiento, sino que minimiza esa conducta tan reiterada en la función pública.
¿Es el hostigamiento y el acoso en la función pública un acto insignificante? ¿Existe o no legislación sobre esa materia que sanciona a los hostigadores y acosadores? ¿Si eso es así, cómo es que se pretende minimizar esos hechos que provocaron incluso la renuncia de la viceministra?
Ni siquiera por el rango que tenía la funcionaria, respetó el que al parecer, la testosterona lo maneja sin control. ¿No tiene que ver el hostigamiento con la ética?... ¿No es esa la bandera por la que votaron 1.350.000000, cansados de lo que consideraron, prácticas que ya no querían más en la función pública?
El número de mujeres que cada año son expulsadas del empleo es abundante; como consecuencia de esa conducta despreciable de quienes creen que están autorizados, por ser hombres, a decirles obscenidades, a hostigarlas con chistes soeces, con supuestos “piropos” e insinuaciones, muchas veces con tocamientos no consentido.
Esas relaciones socialmente toleradas, tienen implicaciones que marcan para siempre a las víctimas, en no pocos casos a la familia. La visión androcéntrica de las relaciones de mujeres y hombres en el empleo no es opción.
Para los que viven pensando que la economía es lo importante; el mismo BID, ha señalado que la violencia contra las mujeres tiene un costo. Representa el 1,6, al 2% del PIB en Latinoamérica.
La Ley 7476 define claramente, los principios constitucionales que la rigen, la obligación del Estado a condenar esas formas de discriminación, recuerda los Convenios Internacionales que en materia laboral, de discriminación, violencia contra las mujeres, el país ha suscrito.
Publicada en febrero de 95, señala las sanciones no solo de tipo laboral, sino que prevé las de tipo penal, lo que al parecer no es pequeña cosa…
Cuando se cree que la lucha contra la corrupción es la acción fundamental del Estado, esta no solo está relacionada con la sustracción de bienes. También el respeto a la dignidad de las mujeres es parte de la lucha por la transparencia y la honestidad.
El PAC nos ha enseñado a lo largo de estos 12 años que la lucha por los derechos de las mujeres, no es discurso, no son palabras impresas… Nos hubiera gustado que el jerarca del MOPT compartiera esa visión, coherencia, en el ejercicio del Gobierno… No está de más hojear el Programa de Gobierno.

Iris Zamora

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