Freno a gasto en autónomas
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Límite a descontrol en finanzas públicas
Freno a gasto en autónomas

Habría reforma en sistema salarial

Frenar el gasto de las instituciones autónomas y descentralizadas es el objetivo del gobierno a partir de la otra semana.
Al Congreso llegaría un nuevo texto sobre el proyecto de eficiencia en el uso de las finanzas públicas, que tiene como fin limitar el descontrol presupuestario del Estado.

Actualmente un 70% del gasto público lo realizan entidades como la Caja, universidades o el Instituto Costarricense de Electricidad.
No hay forma en que se pueda impedir el gasto desmedido. Son los propios jerarcas de estas instituciones quienes se imponen el límite.
Sin embargo, el gasto público debe analizarse como un todo y no puede haber divisiones, establecen recientes sentencias de la Sala IV.
Bajo ese principio, el gobierno pretende aumentar la fiscalización en el uso del dinero público.
La medida es catalogada de urgente porque instituciones como la Caja y el ICE tienen dificultades económicas por un aumento en la cantidad de empleados sin sustento financiero.
En el caso de la primera, el número de burócratas creció en 11 mil en los últimos cuatro años.
Mientras que la segunda contrató a 5 mil funcionarios previamente al inicio de la apertura celular.
El propósito con el nuevo proyecto es que el Ministerio de Hacienda tenga injerencia en el uso que se hace de los recursos públicos y en la contratación de nuevos trabajadores.
“Estas instituciones son independientes para gastar, pero cuando tienen problemas, llegan a tocar la puerta del gobierno por ayuda. Eso no puede pasar”, explicó Edgar Ayales, ministro de Hacienda.
Así mismo, la injerencia podría extenderse a salarios si se establece alguna modificación de eficiencia en el planilla estatal.
La homologación del sistema de sueldos en el Estado, que cuenta con diversos regímenes, es uno de los temas recurrentes en Hacienda.
Sin embargo, el cambio que pueda implementarse sería solo para las nuevas contrataciones de burócratas.
Muchos de los privilegios con que cuentan los actuales empleados públicos no pueden eliminarse.

Oscar Rodríguez
[email protected]

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