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Martes 14 Octubre, 2014

Una moratoria (a los transgénicos) a estas alturas del desarrollo tecnológico se puede interpretar como un retroceso y una pérdida de competitividad


Capacidad técnica y competitividad

A raíz del activismo y las posibles “dudas” de diversos grupos detractores del uso de las tecnologías modernas de mejoramiento genético, se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, la “Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)”.
Este proyecto de ley contempla tres aspectos básicos: la solicitud de moratoria a los transgénicos, la promoción de la agroecología y el ataque a las empresas transnacionales o, más bien, a una empresa en particular. Difícil quizá defender un proyecto con elementos tan disímiles o independientes pues con o sin los transgénicos igual seguirán existiendo los otros dos componentes con sus carencias y potenciales.


En Costa Rica se llevan a cabo diversas experiencias científico-tecnológicas con organismos vivos modificados desde hace muchos años. Estas modificaciones buscan la mejora de microorganismos para hacerlos más competentes en la degradación de sustancias, el aprovechamiento de desechos o la mejora en digestibilidad y prebióticos de los lácteos (yogur, queso), el vino o el pan.
La mejora de cultivos ha sido muy discutida ya y solo cabe señalar el potencial de la ingeniería genética en la mejora de cultivos para resistencia a condiciones ambientales derivadas del cambio climático como la sequía, para lo cual ya se cuenta con pruebas de campo de maíz y caña de azúcar.
Desde 1991 se fueron gestando legislación y normativa técnica para la regulación de dichas actividades hasta completar un compendio de más de seis leyes y tres reglamentos que regulan y norman la actividad con organismos vivos modificados.
Este marco jurídico y capacidades técnicas han generado confianza al sector productivo para realizar operaciones en nuestro país. Diversos profesionales, tanto agrónomos como biólogos y biotecnólogos han obtenido empleo en diversos proyectos realizados a la fecha. Por otro lado, un sector como el de obreros y técnicos se ha sumado a la lista de empleos directos e indirectos que en total rondan los 500 empleos solamente en estas operaciones de cultivo de OGMs. Dicha cifra no es despreciable para un país como el nuestro, pequeño, con poca tierra disponible pero sí con gran capacidad técnica y de innovación.
Por tanto, pensar en una moratoria a estas alturas del desarrollo tecnológico bien se puede interpretar como un retroceso, un rezago y una pérdida de competitividad.
Nuestra capacidad técnica nos ha ubicado como uno de los tres países en América Latina, junto con Chile y Puerto Rico, con las condiciones adecuadas para la realización de pruebas de incremento de semilla de alta calidad y tecnología. Sin embargo, esta condición puede ser temporal pues ya Puerto Rico ha ampliado sus operaciones y Panamá está dando pasos muy firmes para su inserción a corto plazo.

Se escuchan algunos rumores de que la moratoria sería por solo tres o cuatro años (un periodo presidencial… curioso, ¿verdad?), pero en solo un año de cese de operaciones se podrían perder esos 500 empleos.

Por tanto, cabe preguntar: ¿Están las autoridades del gobierno, que promueven esta moratoria preparadas para la reinserción de esos empleos?

Giovanni Garro

Profesor asociado – investigador, Instituto Tecnológico