Licor, lucro y licencias
Me llegó un cobro por más de ¢1 millón y estoy dando tiempo a ver qué pasa con los recursos de amparo. Nos tiene pensativos que esto pueda producir desempleo; tengo un muchacho que me ayuda pero creo que trabajará solo medio tiempo ahora, explicó Alexander Sánchez, dueño de la licorera El Canasto. Gerson Vargas/La República
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Con algunos ajustes, la Ley de Licores y Patentes operaría de manera eficiente y justa

Licor, lucro y licencias

Reglas para la venta de licencias castigan a muchas pequeñas empresas

Incrementar el costo de la patente para el expendio de licores a los comerciantes no es un error en sí, la equivocación fue la forma abrupta del cambio, que afectaría a varios pequeños empresarios.
En principio, los municipios perfectamente pueden aumentar los montos que perciben de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas, al permitir que cualquier persona obtenga una licencia, siempre y cuando cumpla con las normas de la comunidad.
Sin embargo, es importante que el impacto de una regla de este tipo en tiendas, bares y restaurantes, sea moderado, y que las nuevas tarifas se apliquen de forma igual en todas las municipalidades.

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Tenía otro negocio pero debí cerrarlo porque no pude mantener ambos, del total de ventas del minisúper solo el 10% corresponde a licores y no es posible cubrir las licencias; me están cobrando casi ¢2 millones desde agosto a la fecha, dijo Rony Arce, dueño del minisúper San Cayetano. Gerson Vargas/La República
Por el contrario, la Ley de Licores y Patentes —que actualmente empieza a aplicarse, tras haber sido aprobada a finales del año pasado— implicaría elementos no solo positivos, sino también dañinos.
Por un lado, se acabaría con una práctica necia, en la que el beneficiario de las patentes, como se llamaban antes, arrendaba los derechos a terceros y obtenía el lucro, en lugar de la municipalidad.
Al mismo tiempo, la ley amenaza con la quiebra a decenas de pequeñas empresas, mientras que dañaría cientos más, junto con los productores e importadores de bebidas alcohólicas, sean cerveza, vino o licor.
Además, el hecho de que los municipios puedan aplicar las nuevas normas en distintas formas, significa que las tiendas, restaurantes y bares en una zona estarían en desventaja, en comparación con su competencia en otro cantón.
En términos de ingresos, los municipios deberían ingresar una tasa razonable por el otorgamiento de la licencia para expender bebidas alcohólicas en tiendas, restaurantes y bares, tras la venta de un canon trimestral.
Una cuota razonable en ese plazo, podría oscilar inicialmente desde la décima parte de un salario base (¢38 mil) en el caso de una pequeña empresa, hasta un máximo de seis décimas de un salario (¢228 mil) en el caso de una gran tienda, bar o restaurante.
Las cuotas incrementarían un décimo de salario por año, durante un periodo de cinco años, de modo que estos pagos terminen en un rango que iría desde la mitad de un salario, hasta tres salarios.
De esta manera, los municipios aumentarían sus ingresos, mientras que las empresas tendrían tiempo de adaptarse.
La Ley de Licores y Patentes aplica la misma proporción —de seis a uno— en términos de cuánto se paga por los diferentes tipos de empresas.
Pero las nuevas normas son punitivas en varios casos, ya que se trata de las cuotas trimestrales mínimas y máximas, que van desde la mitad de un salario y tres salarios.
Esto implica un pago anual en el caso de una pulpería de unos ¢760 mil, en comparación con una cantidad típica de menos de ¢50 mil por año, bajo el régimen anterior.
El incremento no es un gran problema para muchas pequeñas empresas, que de hecho llevan años pagando tasas altas.
En el antiguo sistema, un municipio vendía las patentes en una subasta, en que los compradores a menudo hacían subir el precio, hasta el punto en que las pequeñas empresas no podían competir.
Los ganadores de la subasta luego alquilaban las patentes a pulperías, y a pequeños bares y restaurantes, que a menudo pagaban montos, que al final fueron significativamente superiores al costo original de la patente.
En esta situación, los ganadores de las subastas se beneficiaban de las rentas, mientras que el municipio que expedía la licencia en primer lugar, ganaba solo un canon pequeño.
La Ley de Licores y Patentes elimina esta disposición.
Bajo las nuevas reglas, cualquier persona puede obtener una licencia para vender bebidas alcohólicas, siempre y cuando él o ella cumpla con varios requisitos, incluyendo la distancia mínima de las escuelas y hospitales, así como el cumplimiento de la salud y otras normas.
No hay ningún cargo por la licencia original, lo que significa que la subasta desaparece, junto con la competencia entre oferentes ricos y pequeñas empresas.
En la medida en que el nuevo canon implique un monto similar al que anteriormente pagaba una pequeña tienda, restaurante o bar al ganador de la subasta, nadie resulta perjudicado.
Pero las nuevas normas castigan a cualquier pequeña empresa, que nunca alquilaba la patente a un tercero, sino que la compraba en una subasta directamente por un precio cómodo.
Para estas empresas, los cánones impuestos por la Ley de Licores y Patentes representan un gran incremento en el costo de hacer negocios, en la medida en que algunas se verían obligadas a cerrar, mientras que otras experimentarían una importante reducción en sus márgenes de ganancia.
Además, habría una reducción en las ventas de varios productos no solo importados, sino también nacionales, como sería el caso de la cerveza y el guaro, en la medida en que los expendedores sean afectados.
Otro factor relevante tiene que ver con la necesidad de aplicar las mismas reglas en cada municipio, para que haya siempre una competencia leal.
Sin embargo, la Ley de Licores y Patentes no prohíbe el hecho de que una municipalidad cobre un canon alto, de manera que un expendedor de bebidas alcohólicas ubicado allí, enfrente un costo mayor al de su competencia en una muni cercana, que solo exige un canon bajo.

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Bárbara Engels
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