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Aproximadamente ¢70 millones recauda mensualmente un sindicato que opera bajo los nombres de Sithosajudi y/o Sintrasalud, dinero que se estaría deduciendo, presuntamente, de forma ilegal, en perjuicio de 7 mil funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el pago de un plan funerario.
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Tal situación fue dada a conocer por la Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode), a través de un comunicado remitido a esta sala de redacción, señalando que, a pesar de las denuncias internas, no se han tomado las medidas correspondientes para frenar dichos cobros.
Y es que, según los denunciantes, la indignación aumenta especialmente después de que se hayan cancelado los códigos para deducir productos comerciales mediante la planilla del Ministerio de Hacienda, sin embargo, los rebajos de ¢10 mil mensuales a los afectados continúan.
En virtud de ello, han elevado su inquietud ante la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, así como a la Contraloría de Servicios, la Defensoría de los Habitantes y hasta el despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“El llamado es para que la Caja actúe de inmediato, frene esta anomalía y cancele esas deducciones que están perjudicando a sus propios colaboradores (…) y se investigue por qué razones algunos mandos medios han permitido que este sindicato haga negocio con el salario de miles de funcionarios”, afirma Hermez González, vocero de la Fundación.
LA REPÚBLICA solicitó a la CCSS una posición sobre esta denuncia, indicándose que la misma se encuentra en trámite.
Así también, se contactó vía telefónica al sindicato para conocer sus impresiones. Un funcionario de apellido Marchena confirmó a este medio que este grupo posee dos nombres distintos, al tiempo que manifestó que las consultas serían escaladas al departamento legal para una eventual respuesta.
