20 mil trabajadores de la CCSS tendrán que someterse a límite salarial que ponga el gobierno de Rodrigo Chaves

Tras considerar que sus funciones no “son exclusivas y excluyentes”, al menos 20 mil funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tendrán que someterse al límite salarial que ponga el gobierno de Rodrigo Chaves.

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Se trata de personal administrativo como secretarias, funcionarios de contaduría y otros servicios que fueron declarados como no esenciales en el marco de la ley de empleo público.

La decisión fue ratificada ayer por la junta directiva de la institución, a la vez que los sindicatos amenazaron con una huelga y con diversos recursos legales para oponerse a la medida.

Y es que, para el Gobierno, no se justifica que el personal administrativo de la institución goce de una escala salarial diferente al resto del Estado y por ello, considera que permitir la exclusión del 100% de los trabajadores sería "abusivo”.

Bajo esa premisa, solo se permitirá una escala salarial diferenciada para el personal médico y de enfermeras, es decir, para unas 40 mil personas.

La ley de empleo público pretende establecer un mismo salario por puesto laboral para todo el Estado. La idea es frenar el crecimiento de los pluses salariales y a partir de ahí, lograr un ahorro para el gobierno central y para las instituciones públicas.

“Hemos visto con gran preocupación el abuso de la interpretación de esta ley, que dejó portones abiertos para que algunas instituciones autónomas hicieran declaratorias más allá de lo que la ley les faculta. Secretarias, puestos administrativos, proveedurías, recursos humanos, contabilidad, tesorería; todos esos puestos son exactamente idénticos en todo el sector público”, opina Laura Fernández, ministra de Planificación.

La decisión de la junta directiva fue cuestionada por los sindicatos, quienes también afirman luchar contra la tercerización de servicios esenciales, reclamo por la deuda del Estado con la institución, solución a las listas de espera, la construcción del hospital de Cartago, y el respeto a la autonomía institucional.

En un lapso de dos meses, cuatro han sido cuatro las ocasiones en las que parte de la planilla de la institución se ha lanzado a las calles para hacerse sentir, entre ellas la manifestación que tendrá lugar este sábado en el parque La Merced en San José centro.

“No hay que permitirle a esta presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) y al Gobierno que vengan a imponer este tipo de actitudes unilaterales que lo que llevan en lo fundamental es tratar de desmeritar las funciones que hacen los trabajadores de esta institución”, justifica Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la CCSS, quien no descartó la organización de un movimiento mayor por tiempo indefinido.

En medio de este escenario, la falta de claridad en la ley de Empleo Público y su reglamento sobre la definición de los puestos exclusivos y excluyentes, siendo que esta competencia fue otorgada directamente a las instituciones para determinarlos a discreción, crea una situación confusa que permite interpretaciones convenientes para las partes, según el abogado laboralista Mario Navarro.

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“Hay que señalar que las universidades estatales están declarando que todo su personal quede excluido de la rectoría del Mideplan, pero es posible que instituciones que excluyan solo a una parte de sus empleados generen una reacción similar a la de los sindicatos de la CCSS”, opina José Luis Campos, director de la Práctica de Derecho Laboral en la firma legal Alta Batalla.