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40 alcaldes piden aprobación de proyecto que los libera de regla fiscal

Para poder aumentar el gasto corriente y así poder atender la emergencia sanitaria

Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Martes 19 mayo, 2020 10:40 a. m.


Alcaldes en las afueras del Museo de los Niños
El plan para permitirle a las municipalidades disponer del superávit para atender la crisis fue aprobado en primer el 30 de abril. Cortesía / La República


Un grupo de 40 alcaldes de todas las provincias está en este momento en la sede de la Asamblea Legislativa, en Cuesta de Moras, solicitando la aprobación, en segundo debate, del proyecto de ley que libera a los gobiernos locales de la regla fiscal para poder disponer de más recursos para atender la crisis generada por la pandemia por el Coronavirus.

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La regla fiscal es una disposición legal aplicada por el Ministerio de Hacienda para contener la crisis fiscal que consiste en un tope del 4,67% al crecimiento del gasto corriente para 2020.

De aprobarse el proyecto los alcaldes podrán disponer del superávit operativo para contratar servicios necesarios para atender la crisis, mantener la operación de las alcaldías y los servicios básicos, toda vez que la crisis ha afectado la recaudación por el cierre de negocios y la falta de capacidad de los ciudadanos de pagar los tributos municipales.

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Precisamente para atender este último punto, la iniciativa permite a los municipios dar una flexibilidad a los vecinos que la legislación actual les impide, como amnistías o arreglos de pago ante la dificultad económica que enfrentan.

Además, concede moratorias en el pago de servicios que deben realizar los abonados y medidas para la ampliación de arreglos de pago de tributos municipales, al tiempo que faculta a los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios por las medidas sanitarias a suspender hasta por 12 meses el uso de la patente municipal, para que no sigan pagando este rubro.

Los alcaldes han insistido en que de no aprobarse esta legislación muchos entrarán en insolvencia, lo que les impedirá brindar servicios básicos como limpieza de espacios públicos o recolección de desechos.

Además, avizoran el despido de personal municipal e incluso la quiebra de algunos ayuntamientos.


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