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Condiciones inadecuadas de infraestructura hacen que algunos deban ser reconstruidos completamente
26 centros educativos tienen orden de cierre

Ordenes de cierre no se cumplen porque MEP no cuenta con otros centros para reubicar a la población

Yessenia Garita
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En 26 escuelas y colegios públicos del país la infraestructura de sus inmuebles pone en riesgo la vida de los estudiantes y de sus docentes. Esas instituciones incluso tienen órdenes de cierre, pero estas no se ejecutan pues no existen otros edificios donde reubicar a los alumnos.
La órdenes de cierre, unas totales y otras parciales, toman gran importancia en momentos en que el país vive una situación de emergencia por el terremoto de Cinchona ocurrido hace dos semanas, cuando precisamente la escuela de Poasito de Alajuela quedó completamente dañada.
Dicha escuela tenía orden de cierre ante las condiciones inadecuadas de la infraestructura.
La situación preocupa aún más porque la mayoría de los centros educativos señalados debía, desde 1999, realizar estudios técnicos necesarios en sus edificios para determinar su capacidad de enfrentar sismos de gran intensidad.
“En los años 90 se promulgó el decreto en el que se obligaba a hacer una revisión de las edificaciones. En esa oportunidad, se revisaron edificios públicos, como la Caja Costarricense de Seguro Social y algunos hospitales, pero en escuelas y colegios, donde hay mucha concurrencia de personas, no se ha hecho mucho”, dijo Roy Acuña, presidente de la Comisión del Código Sísmico.
En 2002, cuando actualizó el Código Sísmico, se hizo una nueva solicitud a las instituciones para que retomaran los estudios de vulnerabilidad. Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico establecido de quiénes cumplieron la orden o no.
“Existen edificaciones que requieren estudios de vulnerabilidad y hacer cambios importantes, pero hasta ahora solo se han realizado inversiones en escuelas declaradas patrimonio nacional”, explicó Acuña.
Este es el caso de la Escuela Buenaventura Corrales, conocido como el Edificio Metálico, que a finales de junio del año pasado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó la decisión de clausurarla momentáneamente. En ese centro educativo se realizaron el estudio de vulnerabilidad sísmica de la estructura y trabajos de reparación.
En contraste, en la Escuela Joaquín García Monge en Desamparados, cuya población estudiantil supera los 1.600 alumnos, se necesita mejorar sus condiciones físicas, sin embargo, la falta de recursos es el principal impedimento para lograrlo. Allí nunca se ha realizado un estudio de vulnerabilidad sísmica.
“Nuestra escuela tiene más de 50 años y nunca se ha hecho un estudio de vulnerabilidad sísmica. Sabemos que se necesita cambiar con urgencia el sistema eléctrico, pero para ello se requieren unos ¢20 millones”, manifestó Jorge Ardón, secretario de la junta de educación.
“Todos los años realizamos trabajos de mantenimiento general en la escuela, pero uno de nuestros principales problemas no se ha podido mejorar”, explicó Ardón.
“Independientemente de si la infraestructura es de madera, block, bahareque o prefabricada, si no se siguen las normas del Código Sísmico en la buena práctica, cualquier persona estaría expuesta a sufrir las consecuencias”, dijo Acuña.
Los entes gubernamentales encargados de vigilar y coordinar el cumplimiento de lo estipulado en el decreto que solicita los estudios de vulnerabilidad sísmica son el Ministerio de Salud en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“Muchas instituciones han tomado conciencia de realizar estos estudios, tal es el caso de algunos bancos como el Nacional, o los hospitales”, explicó María Luisa Avila, ministra de Salud, quien explicó que cada región de su dependencia supervisa y vigila que esto se cumpla.
Las edificaciones construidas desde 2002 deberían estar contemplar las últimas especificaciones en relación al tema antisísmico. No obstante, el principal problema que enfrentan las autoridades de Salud es que gran parte de la población, especialmente en zonas alejadas, opta por construir ilegalmente.
“Nos hemos encontrado viviendas que fueron construidas sin los respectivos permisos. Las familias aprovechan los fines de semana, los días feriados o fin y principio de año para construir de forma ilegal y de esta forma economizarse dinero”, dijo Yelly Víquez, directora de la Región Central Norte del Ministerio de Salud.
“La población debe empezar a tomar conciencia de que los costos son mínimos comparados con la vida”, agregó.
“En nuestra región giramos la orden de cierre de una escuela y un colegio en Coto Brus, así como un centro educativo en Pérez Zeledón, porque no debemos esperar a que tiemble o suceda un desastre natural para lamentarnos”, aseguró Luis Fernando Guillén, director de la Región Brunca.
Estos centros educativos contaban con infraestructura inadecuada que ponía en riesgo la integridad de los niños y jóvenes que a diario asisten en busca de una educación digna.
Pérez Zeledón es una de las tantas zonas propensas a sufrir los daños de un sismo tal y como ocurrió en 1983, cuando se dio el terremoto de Buena Vista, donde murió una persona y hubo miles de damnificados.


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