“Unir superintendencias ahorraría ¢23 mil millones al año”

Fundir todas las superintendencias en una sola, para ahorrar recursos del erario público, es el principal objetivo del Proyecto de Ley F.U.S.I.O.N.A.R.

La iniciativa presentada por Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), contempla la creación de una única superintendencia para que desempeñe las funciones de las cuatro entidades actuales. Se denominaría Superintendencia de Mercados Financieros.

La nueva entidad asumiría la regulación y supervisión de los mercados de intermediación financiera, pensiones, valores y seguros. El proyecto también ordena en una sola norma, aspectos tratados en otras leyes relacionados con los mercados financieros, sin afectar la regulación específica de cada uno de ellos.

Sobre este tema y otros LA REPÚBLICA, conversó con Solís:

-¿Por qué hay que fusionar?

Es necesario ahorrar recursos y mejorar la efectividad de las instituciones, ya que podría estar pasando que los mercados se traslapan.

Actualmente, la forma como están estructuradas las superintendencias genera problemas de coordinación, duplicidad de funciones y burocracia excesiva.

Los costos son muy elevados, ya que cada entidad tiene un superintendente y un intendente, además de todo el personal de apoyo que les acompaña.

-En caso de lograr la fusión, ¿a cuánto ascendería el ahorro para el Estado?

Al año se estaría generando un ahorro cercano a los ¢23 mil millones, ya que se está proponiendo que la supervisión la empiecen a pagar los entes regulados, como sucede en toda parte del mundo.

En los bancos, las aseguradoras y otros actores, hay salarios elevadísimos y beneficios sindicales grandes, que se están dejando la plata que hoy día podría ahorrar el Estado.

El proyecto no viene a afectar a nadie.

-¿Quiénes serían los regulados?

En la Supen estamos hablando de todas las operadoras de pensiones, por ejemplo, además de las aseguradoras, los bancos y los fondos de inversión a través de la Bolsa Nacional de Valores.

-¿Cree que impulsar este proyecto en estos momentos sería una señal importante para allanar la ley de empleo público y las iniciativas de impuestos?

Los neoliberales de este país fueron los que crearon esta compleja maraña institucional, que incluye al Conassif y el Banco Central.

Esto, sin importar que en aquel momento hablaban de los abusos sindicales, sin darse cuenta de que hay salarios de ¢10 millones para los superintendentes que deben eliminarse.

En el momento en que estamos hablando de revisar los salarios del sector público y pidiendo impuestos, es conveniente revisar este sector financiero que se ha chineado durante años.

-¿Es una buena idea eliminar la superintendencia de pensiones, cuando hay una preocupación nacional por el estado del fondo del IVM?

No lo creo. Estamos hablando de que el mercado costarricense en cada una de esas áreas es relativamente pequeño.

Por otra parte, el proyecto que he presentado no elimina ninguna de las funciones de las superintendencias.

La única diferencia es que se fusionarán todas las instituciones bajo la sombrilla de un solo ente.

-¿Tiene viabilidad política esta propuesta?

He conversado con otros partidos y, en principio, varios diputados están de acuerdo con el proyecto, a esta altura no podemos decir si realmente tiene viabilidad política.

Lo ideal es que este plan vaya por un 208 bis para fijar una fecha de votación.

Yo no veo a nadie oponiéndose fuertemente a esta iniciativa. Desde mi punto de vista sería sorprendente que eso pasara.

El proyecto fue convocado por el gobierno a las sesiones extraordinarias.

-¿Por qué cuesta tanto aprobar una iniciativa de ley, aun cuando su objetivo es claramente beneficioso?

Vivimos en una inercia. Hay temores al cambio y la gente no se pone a pensar que puede ser en el corto y mediano plazo mejor para todos.

Costa Rica creó una institucionalidad que hoy día mucha gente piensa que es intocable.

Sin embargo, siempre es necesario estar renovando.

-¿Qué pasó con el otro proyecto denominado Cerrar?

Está en una comisión y lamentablemente no fue convocado en las sesiones extraordinarias.

Este plan no toca los programas ni presupuestos de las instituciones públicas, pero sí busca una mejor inversión de los recursos.