Tras aseverar que la marcha por la educación no se justifica, la presidenta Laura Fernández cuestionó duramente a los líderes sindicales que promueven las protestas, llamándolos “vagabundos” y “sanguijuelas”.
“En todo les estamos cumpliendo, señores educadores. No se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos. Hay gente que vive de la protesta. Mire, lo tengo tan claro”, manifestó la mandataria hoy al mediodía durante la conferencia del Consejo de Gobierno.
Fernández también advirtió que el Gobierno rebajará el salario a quienes participen en la huelga, al considerar que se trata de un movimiento ilegal.
“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, afirmó.
La presidenta defendió, además, la gestión de su administración en materia de infraestructura educativa y aseguró que el Gobierno mantiene un ritmo importante de inauguraciones de centros educativos.
Esto, al aseverar que “no me está alcanzando la agenda para ir a tanta inauguración de escuela nueva y bonita que tenemos”.
Las declaraciones se producen en medio de una movilización nacional convocada por organizaciones sindicales, estudiantes y universidades públicas para exigir mayores recursos para la educación.
La marcha arrancó este miércoles a las 9 a. m. en el parque La Merced, en San José, y se dirige hacia la Asamblea Legislativa, específicamente a la Plaza de la Democracia.
Entre las organizaciones participantes figuran el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Los sectores convocantes cuestionan que la educación pública reciba una proporción reducida de los recursos nacionales y reclaman el cumplimiento de la disposición constitucional que establece una inversión equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para este sector.
La protesta también se desarrolla en medio de nuevas diferencias entre las universidades públicas y el Gobierno por el financiamiento de la educación superior.
Este martes, diputados del partido Pueblo Soberano aprobaron una moción para recortar otros ¢8.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), durante el análisis del segundo presupuesto extraordinario de la República.
Los recursos corresponden a partidas que el Gobierno había aplazado el año anterior y cuyo traslado a las universidades públicas estaba previsto para antes de finalizar 2026.