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De manera firme, Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, enfrentó a Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, a la vez que negó ser la defensora de los criminales, tal y como lo señaló ayer el jerarca.
La jerarca respondió a las declaraciones del ministro luego de que la Defensoría de los Habitantes cuestionara supuestas acciones arbitrarias y tratos humillantes contra privados de libertad durante un operativo realizado en la cárcel de Puntarenas.
Angie Cruickshank: “Defender los derechos de todas las personas no me convierte en defensora de delincuentes”
La Jerarca se enfrentó al ministro de justicia Gabriel Aguilar por operativo realizado en cárcel de Puntarenas. pic.twitter.com/lDRAUWDaBL
— Esteban Arrieta (@estarrar) October 1, 2026
“Defender los derechos humanos no es defender delincuentes, es garantizar que el Estado frente a cualquier persona actúe dentro del ordenamiento jurídico. Defender los derechos de todas las personas no me convierte en defensora de delincuentes. Soy la defensora de todos los habitantes. Ministro, la Defensoría no pregunta qué delito cometió una persona para decidir si defendemos o no los derechos que la Constitución misma le garantiza”, manifestó Cruickshank.
La defensora insistió en que la institución tiene como mandato proteger los derechos de todos los habitantes, independientemente de los delitos por los que una persona se encuentre privada de libertad.
La controversia surgió después de que el Ministerio de Justicia difundiera en su página de Facebook un video titulado “Los Jachudos van directo al CACCO”, en el que Aguilar aparece dirigiendo un operativo en la cárcel de Puntarenas y mostrando armas punzocortantes decomisadas durante la intervención.
En el audiovisual, el ministro utiliza un tono enérgico para advertir que los privados de libertad considerados criminales peligrosos, a quienes identifica como “Jachudos”, serán trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una nueva prisión proyectada con capacidad para 5 mil reclusos.
Cruickshank aclaró que la posición de la Defensoría no implica cuestionar las acciones legítimas de las autoridades para combatir el crimen organizado dentro de los centros penitenciarios.
“No cuestionamos el decomiso de armas, las requisas ni las acciones legítimas para combatir la criminalidad, pero sí cuestionamos la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y la objetivación de personas para fines mediáticos”, afirmó.
Según la defensora, las actuaciones de las autoridades penitenciarias también deben considerar los efectos que pueden generar sobre las personas que permanecen bajo custodia estatal, particularmente cuando se utilizan mecanismos que puedan producir intimidación o afectaciones psicológicas.
“El amedrentamiento y los impactos psicológicos en una persona bajo custodia del Estado no son asuntos menores. Precisamente por eso sus actuaciones demuestran desconocimiento del principio rehabilitador de la pena”, sostuvo Cruickshank.
