La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, enfrenta una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto peculado de servicios, luego de que la diputada Marta Esquivel, respaldada por la fracción de Pueblo Soberano, acusara a la jerarca de haber utilizado recursos humanos y servicios jurídicos de la Contraloría para defender personalmente a funcionarios demandados en procesos judiciales.