Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, enfrenta una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto peculado de servicios, luego de que la diputada Marta Esquivel, respaldada por la fracción de Pueblo Soberano, acusara a la jerarca de haber utilizado recursos humanos y servicios jurídicos de la Contraloría para defender personalmente a funcionarios demandados en procesos judiciales.
Según la legisladora, la División Jurídica de la Contraloría tiene como función exclusiva defender los intereses institucionales del órgano contralor, por lo que utilizarla para representar a funcionarios en asuntos de responsabilidad personal constituiría un uso indebido de recursos públicos.
La diputada no a aclaró de qué temas se trata.
"La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales", señaló la diputada Esquivel.
La Contraloría respondió con una escueta declaración en la que rechazó referirse al fondo del asunto.
"Se trata de una acción más contra la Contralora General, los funcionarios de la Contraloría y la institucionalidad, de modo que no nos referiremos sino en el procedimiento que corresponda en las vías pertinentes", indicó la institución.
